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El asesinato de Carlos Andrés Beltrán Quintero, ocurrido el pasado 21 de agosto en la comuna Cuba de Pereira, constituye un episodio alarmante dentro de la creciente ola de violencia que sacude a la capital risaraldense. El crimen sucedió en el parque del barrio La Habana, a escasos metros de un CAI (Comando de Atención Inmediata) de la Policía Metropolitana, lo que pone en entredicho la efectividad de la presencia policial en áreas conflictivas. Beltrán fue atacado a quemarropa y recibió cuatro impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, lo que sugiere la intencionalidad y contundencia detrás del homicidio. El agresor, cuya identidad no ha sido revelada, huyó rápidamente del lugar auxiliado por un motociclista, un patrón que las autoridades han identificado recurrentemente en el sicariato urbano.
Este caso representa el homicidio número 157 ocurrido en Pereira en lo corrido del año, y, según la Secretaría de Seguridad de Pereira, es el segundo registrado en menos de doce horas ese jueves. Estas alarmantes cifras dan cuenta de una tendencia sostenida al alza, confirmada por el Observatorio de Seguridad de la ciudad, que ha documentado cómo fenómenos como el narcotráfico, la presencia de bandas organizadas y la disputa territorial entre grupos ilegales son factores centrales. Barrios como La Habana, donde el tejido social es frágil, afrontan las consecuencias directas de esta dinámica violenta, que deteriora la convivencia ciudadana y exacerba la percepción de inseguridad.
Según el criminólogo Jorge Alejandro Gutiérrez, entrevistado en agosto de 2025, la violencia en Pereira tiene raíces mucho más profundas y estructurales. Gutiérrez describe un desafiante panorama donde inciden la desigualdad social, el desempleo juvenil y la escasez de políticas públicas efectivas de prevención. El corredor urbano conformado por la comuna Cuba y sectores adyacentes ha presenciado una acumulación de problemáticas sociales que, de no recibir atención integral, alimentan el círculo vicioso de la criminalidad. El experto enfatiza la importancia de conjugar el despliegue policial con programas de inclusión social y desarrollo comunitario para lograr un impacto transformador y sostenible.
Otra arista preocupante del crimen de Beltrán es la proximidad del ataque a un CAI policial, lo que ha sido interpretado por expertos y autoridades como un posible mensaje intimidatorio o un reto abierto a la institucionalidad. La Secretaría de Seguridad local reconoce retos importantes en la respuesta oficial y ha señalado la necesidad urgente de fortalecer la inteligencia y articulación entre la policía y la comunidad. Experiencias de otras ciudades colombianas, como Medellín y Cali, muestran que el modelo de policía comunitaria puede aportar a la prevención, consolidando la confianza ciudadana y desmotivando la violencia.




El modus operandi en este homicidio —ataque directo, arma de fuego a quemarropa y huida veloz— es característico del sicariato, una manifestación del crimen organizado que, según la Fiscalía General de la Nación, se ha expandido en Colombia y alimenta el incremento de homicidios selectivos. Organismos de seguridad y derechos humanos coinciden en que estas acciones buscan mantener o disputar el control territorial y los mercados ilegales, especialmente el narcotráfico. El Observatorio de la Seguridad Ciudadana de Colombia ha alertado sobre la urgencia de frenar esta espiral de violencia para proteger los derechos y el bienestar de la población.
Ante la gravedad de estos hechos, tanto la comunidad local como organizaciones civiles han alzado la voz para exigir mayor acción estatal, no solo desde la seguridad sino desde la inversión social y educativa. Un informe de la ONG Corporación Viva la Ciudadanía señala que la percepción de inseguridad en Pereira se ha incrementado en un 30% en dos años, lo que afecta la calidad de vida y la red de apoyo comunitario fundamental para resistir la violencia. La constante ocurrencia de homicidios alimenta el miedo colectivo y dificulta el desarrollo pleno de los jóvenes, especialmente en sectores populares.
El caso de Carlos Andrés Beltrán también pone en relieve el papel fundamental del periodismo de investigación. Tal como ha señalado la experta María Teresa Ronderos, la responsabilidad ética exige utilizar fuentes verificadas, contrastar testimonios y construir relatos profundos que expliquen el fenómeno sin estigmatizar comunidades. Sólo así los medios pueden impulsar debates informados y exigir soluciones integrales a las autoridades, contribuyendo a la búsqueda de una seguridad ciudadana genuina y sostenible.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué acciones se están implementando en Pereira para disminuir los homicidios?
En Pereira, autoridades como la Secretaría de Seguridad han articulado estrategias que combinan el despliegue policial con acciones preventivas y de inteligencia, buscando desarticular bandas criminales y frenar la escalada de homicidios. Sin embargo, expertos coinciden en que la efectividad de estas medidas depende de su articulación con la comunidad y la aplicación sostenida en el tiempo.
Modelos de policía comunitaria y programas de educación y empleabilidad para jóvenes son algunos de los enfoques que han mostrado resultados en otras urbes, y que actualmente se exploran en Pereira como alternativas para atender tanto los síntomas como las causas estructurales de la violencia.
¿Qué es el sicariato y cómo afecta a la seguridad ciudadana?
El sicariato es una práctica de homicidio por encargo, generalmente perpetrada por individuos o grupos armados vinculados al crimen organizado. Esta modalidad suele estar asociada a la disputa de negocios ilegales y el control territorial, y se caracteriza por su alta letalidad y la dificultad que representa para la investigación policial.
La proliferación del sicariato en ciudades como Pereira incrementa la percepción de inseguridad entre la ciudadanía y debilita la cohesión social, ya que introduce un clima de miedo e intimidación que trasciende a las víctimas directas y afecta a todo el entorno comunitario.
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Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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