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Este artículo fue curado por pulzo   Ago 21, 2025 - 3:13 pm
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La amenaza del fleteo en Medellín, Envigado e Itagüí: Un enfoque crítico sobre la seguridad ciudadana

En los meses recientes, la seguridad ciudadana en el área metropolitana de Medellín se ha visto gravemente afectada por la intensificación de delitos relacionados con el fleteo. Según informes recogidos en el artículo original, esta modalidad de robo implica que los delincuentes identifican a sus víctimas tras realizar retiros de dinero en bancos y las siguen hasta un punto apartado donde las despojan de sumas significativas de efectivo. La desarticulación parcial de una banda dedicada a este delito, que incluyó la captura de Angelo Gabriel Agudo Rodríguez —ciudadano venezolano y presunto integrante clave del grupo— ha puesto el tema en primer plano dentro del debate sobre la seguridad urbana.

El contexto de este fenómeno evidencia cómo la estructura criminal ha evolucionado para perfeccionar sus métodos y aumentar su control sobre las operaciones. De acuerdo con los datos suministrados por las autoridades y reseñados en el texto fuente, entre el 8 de febrero y el 24 de septiembre de 2024, la banda desmantelada habría robado aproximadamente 358 millones de pesos a través de diferentes golpes en Medellín, Envigado e Itagüí. El fleteo, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una tendencia delictiva que afecta a muchos países latinoamericanos, aprovechando la alta circulación de efectivo y la vulnerabilidad de quienes lo transportan.

La operatividad de estas organizaciones delincuenciales destaca por la precisión con la que eligen a sus víctimas y coordinan sus ataques. Según las investigaciones reseñadas, la estructura jerárquica de la banda estaba claramente definida: unos se encargaban de identificar ("marcar") a quienes retiraban grandes sumas, mientras que otros transmitían información y finalmente ejecutaban el robo. Este nivel de organización refleja un dominio logístico considerable y un control férreo de los movimientos de cada integrante, lo que dificulta la labor de las autoridades.

Uno de los casos paradigmáticos sucedió el 15 de mayo de 2024 en un reconocido centro comercial de Envigado, donde una mujer fue víctima después de retirar más de 90 millones de pesos. En un intento por proteger el dinero, entregó la suma a un mensajero, quien fue interceptado y lesionado por los delincuentes minutos después, según se detalla en la reconstrucción oficial. El hecho permitió identificar a algunos de los responsables e impulsó acciones judiciales que condujeron a varias capturas.

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La judicialización de los miembros de estas bandas, y en particular la de Agudo Rodríguez por delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado, pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema penal colombiano. La negativa del acusado a aceptar cargos complica la investigación y retrasa los procesos judiciales, mientras la comunidad permanece en una situación de zozobra. Como se enfatiza en el texto, este tipo de inseguridad no solo afecta a las víctimas directas, sino que también deteriora la percepción de seguridad y puede tener graves repercusiones económicas y sociales, debilitando la confianza en las instituciones y en el tejido social local.

El problema, además, se inserta en una problemática internacional: las bandas de fleteo no se limitan a Colombia y cada vez utilizan tácticas más sofisticadas para evadir la acción de la justicia. Como señalan estudios globales interpretados en la fuente, la cooperación entre agencias nacionales e internacionales y la adopción de herramientas investigativas avanzadas son factores determinantes para hacer frente a estos delitos. Ejemplo de esto es el uso de la herramienta NINA, desarrollada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que ha permitido establecer vínculos entre personas y organizaciones implicadas.

Para la sociedad y para el periodismo de investigación, la principal lección es la necesidad de buscar siempre fuentes fiables y mantener un escepticismo crítico, como advierte José María Caminos Garcet. La habilidad para indagar en las verdaderas redes delictivas y la articulación entre autoridades, medios y comunidades son componentes esenciales para contrarrestar el avance de estos delitos y restablecer la seguridad ciudadana en ciudades tan fundamentales como Medellín, Envigado e Itagüí.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué medidas puede tomar la ciudadanía para reducir el riesgo de ser víctima de fleteo?

Ante la preocupación social que genera el fleteo, muchas personas buscan estrategias prácticas para protegerse. Consultar sobre buenas prácticas de seguridad antes y después de retirar dinero, evitar rutinas previsibles y, en la medida de lo posible, utilizar transacciones electrónicas son recomendaciones frecuentemente sugeridas, a partir de la información proporcionada por las autoridades. La prevención también implica entender cómo operan las bandas para anticipar situaciones de riesgo.

Este tipo de consultas es fundamental porque, aunque la acción policial es importante, la autoprotección y la información ciudadana siguen siendo un elemento decisivo para disminuir la vulnerabilidad. Conocer el modus operandi de los delincuentes permite reconocer señales de alerta y desincentivar su accionar, reforzando así el ejercicio de una seguridad compartida.

¿Qué es una arma de fuego traumática y cómo se diferencia de un arma convencional?

En el caso descrito en Envigado se menciona el uso de un arma de fuego traumática. Se trata de un elemento empleado para defensa personal que dispara proyectiles no letales, diseñados más para intimidar o incapacitar temporalmente que para causar daño grave o letal. A menudo son confundidas con armas convencionales por su apariencia, lo que puede aumentar el nivel de amenaza en una situación delictiva.

La relevancia de la distinción radica en sus implicaciones legales y la percepción de seguridad. Aunque las armas traumáticas están reguladas en Colombia, su uso indebido puede tener graves consecuencias. Además, su proliferación plantea desafíos adicionales a las autoridades encargadas de controlar el acceso a armamento y prevenir la violencia urbana.

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