El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se encuentra en el centro de un escándalo que implica presuntas transacciones corruptas con congresistas. Este caso ha sido destapado mediante nuevas pruebas y testimonios que apuntan a una compleja red de intercambios de favores por votos.
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María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Bonilla, ha proporcionado detalladas declaraciones a la Fiscalía, revelando cómo funcionaba el esquema.
Además, en recientes grabaciones publicadas por Revista Semana, se dieron a conocer irregularidades en el Instituto Nacional de Vías. Entre los nombres implicados se encuentra Juan José Oyuela, director de Ejecución y Operación de Invías, quien era señalado como el principal enlace para la movilización de los contratos.
Un fiscal desglosó durante una diligencia judicial una lista de proyectos asignados con nombres específicos de congresistas, involucrando montos significativos.
Por ejemplo, se mencionan proyectos en departamentos como Antioquia y Norte de Santander, con valores que oscilan entre 7.000 y 10.000 millones de pesos, siendo adjudicados a congresistas como Juan D. Echavarría y Jairo Castellanos.
Nuevo presidente del Senado, mencionado por exasesora de Ricardo Bonilla
Además, el esquema no solo involucra a miembros del partido de gobierno sino también a opositores como Efraín Cepeda, actual presidente del Senado, implicado en la asignación de contratos en el departamento de Arauca, lo que evidencia la amplitud y la transversalidad del problema.
Esta red habría funcionado mediante el uso de “cupos indicativos”, una práctica mediante la cual se garantizaba la gobernabilidad a cambio de favores en la aprobación de proyectos y reformas de gran envergadura.
No obstante, los procedimientos para mantener la discreción eran rigurosos, evitándose el uso de medios digitales y optando por comunicaciones que involucraban “sobres sellados” para mantener la información segura y fuera del alcance público, según las instrucciones dadas a Benavides.
Esta situación generó un cambio radical en la operativa de Benavides tras el estallido del escándalo, con amenazas hacia su integridad y la de su familia, además del robo de información sensible de su equipo de trabajo en el Ministerio de Hacienda.
Señalamientos contra Luis Fernando Velasco
Incluso altos funcionarios, como el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, están siendo señalados por su presunta implicación en asegurar que ciertos congresistas mantuvieran su apoyo durante periodos electorales críticos. Velasco, según testimonios, habría estado directamente involucrado en maniobras para posicionar favorablemente a congresistas en puestos clave.
Este escándalo no solo revela la profundidad de la presunta corrupción en niveles altos del Gobierno sino que además pone en cuestión la integridad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y justicia en Colombia.
De esta manera, el caso sigue en desarrollo y los ojos están puestos en cómo la justicia manejará estas graves acusaciones que vinculan a una amplia gama de actores políticos, tanto del >Gobierno como de la oposición, en prácticas que podrían haber comprometido el manejo del erario público y la gobernabilidad del país.
Según sus palabras, Bonilla presionaba constantemente para acelerar las gestiones necesarias que aseguraran la aprobación de contratos por parte de la Comisión de Crédito Público.
Benavides describe cómo era sometida a presiones por parte de varios congresistas quienes exigían avances en la asignación de contratos millonarios de obra pública. Según los audios obtenidos por la Revista Semana, se evidencia que la relación entre las autoridades gubernamentales y ciertos congresistas era estrecha, a cambio de aprobar créditos a favor del Estado.
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