La vorágine en que se convirtió el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) y que amenaza con arrancar del Gobierno al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pese a los esfuerzos que hace el presidente Gustavo Petro, tendrá este lunes el inicio de un nuevo torbellino que podría levantar más ventarrones con las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de los seis congresistas señalados de vender sus votos para favorecer los proyectos del Gobierno.
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El primer turno será este 2 de diciembre para Karen Manrique, seguida de Wadith Manzur (3 de diciembre), Liliana Bitar (4 de diciembre), Julián Peinado (9 de diciembre), Juan Pablo Gallo (10 de diciembre) y Juan Diego Muñoz (excongresista, 11 de diciembre). Los seis comparecientes, integrantes de las comisiones económicas del Congreso, deberán enfrentar los testimonios con los que ya cuenta el alto tribunal y que los señalan de haber vendido presuntamente su función pública.
La situación de todos ellos y del ministro Bonilla se complicó en las últimas horas con las declaraciones ante la Corte Suprema de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Bonilla, en las que lo acusó de tener pleno conocimiento de que esos congresistas le estaban enviando a ella el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. “Todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él [Bonilla] supiera”, le confesó Benavides a la fiscal del caso, María Cristina Patiño.
La operación de compra de congresistas se habría dado hace exactamente un año cuando el Gobierno necesitaba que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobara unos préstamos. De acuerdo con las pruebas con que cuenta la Corte Suprema de Justicia, desde el Ministerio de Hacienda se habría dado la orden de direccionar tres contratos que debería adjudicar la UNGRD.
Uno, por 50.000 millones de pesos, con el fin de adelantar obras de intervención correctiva para recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del bajo Sinú hasta el casco urbano del municipio de Cotorra (Córdoba); el segundo, por 12.356 millones de pesos, para construir estructuras de contención y mitigación del fenómeno de erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento de El Salado (Bolívar), y el tercero, por 30.000 millones de pesos, para obras de construcción con el objetivo de prevenir el riesgo de inundaciones en el río Bojaba, en Saravena (Arauca).
Según la Corte Suprema, Ricardo Bonilla y Benavides se reunieron con varios congresistas de las comisiones económicas en el Ministerio de Hacienda para escoger un vocero que recogiera las peticiones de esos parlamentarios, y en esa tarea habría estado al comienzo la representante de las curules de paz Karen Manrique, y tiempo después, por orden, al parecer, del ministro Bonilla, el rol lo habría asumido el representante Wadith Manzur.
El alto tribunal también tendría pruebas de que Benavides, por instrucción de Bonilla, habría sostenido una reunión con el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, para explicarles la necesidad de adjudicar los tres contratos como una contraprestación para que los congresistas aprobaran los proyectos del Gobierno.
En el marco de las mismas investigaciones, el viernes pasado, la ex alta consejera para las regiones de la presidencia, Sandra Ortiz —señalada por Pinilla de haber servido como mensajera para entregarle al entonces presidente del Senado, Iván Name, 3.000 millones de pesos—, fue imputada por la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo, después de lo cual sugirió que hay más personas por encima de ella en la estructura gubernamental involucradas en el caso. “A mí me están sacrificando para tapar, proteger o cubrir no sé a quién o a quiénes. Esto va más allá. Siento que hay gente del Gobierno interesada en que a mí se me haga daño”, dijo en Semana.
Hasta ahora, contra Bonilla solo habían declarado López y Pinilla, en junio pasado, después de ser descubiertos, sobre la supuesta operación de compra de congresistas para aprobar los créditos internacionales de la Nación. Pero ahora el testimonio de Benavides, mano derecha de Bonilla en el ministerio de Hacienda, deja al ministro tambaleando. Si alguno de los congresistas que comenzarán a declarar este lunes ante la Corte Suprema ofrece información en el mismo sentido, la permanencia de Bonilla se hará simplemente insostenible.
Cómo defendió Gustavo Petro a Ricardo Bonilla
Tampoco sería sostenible la tesis de defensa de Bonilla, que dijo que confía en demostrar que “eventualmente” pudo “cometer errores, pero no delitos”. Sin embargo, hasta el Código Penal Colombiano contempla dos tipos de errores: los de tipo invencible, que excluyen la responsabilidad penal (porque demuestra que el sujeto no tenía la capacidad de comprender la criminalidad de su acto), y los de tipo vencible, que se dan cuando el sujeto podría haber evitado el error empleando un grado razonable de cuidado o diligencia, casos en los cuales los errores no eliminan la responsabilidad penal.
El agravante para Bonilla es que los testimonios de López, Pinilla y Benavides en su contra apuntan a que él, con conocimiento de causa, habría impartido órdenes y habría estado enterado de la ejecución y el resultado de las mismas. El ministro tiene la obligación moral, para probar su inocencia y para entregarle una explicación satisfactoria al país, de demostrar que en su actuación en este caso no hubo dolo o voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.
Bonilla, al admitir por anticipado que pudo cometer “errores, pero no delitos” también deja sin sustento la defensa que de él hizo el presidente Petro cuando aseguró que “ahora el ministro es víctima de otra trampa: la que se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente, para pagar las deudas de [Iván] Duque, endeudándose otra vez […]”.
Si el ministro de Hacienda ya considera que su conducta se movió entre el error y el delito, no se entiende la existencia de la “trampa” que ve el jefe de Estado, que también le lanza otro salvavidas pinchado a su funcionario al intentar normalizar su actuación poniendo, como es habitual, el espejo retrovisor y situándolo en el plano de víctima: “Esto, que era el diario vivir de los ministros de hacienda, y no era investigado antes, se convierte en delito ahora; en virtud de la corrupción: transforman la víctima en victimario”, escribió el mandatario.
Es natural que un jefe de Estado quiera defender a un ministro. Pero, como en muchos otros escándalos que le han estallado al Gobierno Nacional, en este caso lo que procede es dejar que la justicia actúe, que la Corte Suprema de Justicia haga su trabajo y que sean las pruebas las que hablen y conduzcan a una decisión sobre el ministro de Hacienda y la UNGRD, envueltos en uno de los peores remolinos por los que la administración del presidente Petro también pasará a la historia.
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