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Según información obtenida por LA PATRIA, una profesional reconocida por su experiencia en la administración pública y quien actualmente ostenta el cargo de contralora en el departamento del Tolima para el periodo 2022–2025, asumirá funciones relevantes en la capital caldense a partir de enero de 2026. Este anuncio establece el traslado de una funcionaria con trayectoria significativa en entidades estatales y marca el inicio de nuevos retos en su carrera, en especial por el papel que cumplirá en la vigilancia y control de los recursos públicos en una región distinta.
En su paso por la Contraloría del Tolima, las decisiones de la funcionaria han generado cuestionamientos, principalmente, respecto a sus ajustes internos en la entidad. Uno de los episodios más relevantes involucra la modificación del manual de funciones de la institución que precedió el nombramiento en planta de Shirle Pamela Barrios, una psicóloga con vínculos de amistad personal con la contralora, según detalló LA PATRIA. Este cambio administrativo transformó el proceso de selección interna, permitiendo que Barrios accediera a un cargo de mayor jerarquía y mejor remunerado dentro del organigrama funcional.
Barrios había sido vinculada inicialmente mediante un contrato de prestación de servicios en diciembre de 2022, ejerciendo como psicóloga con un salario mensual cercano a los 4,4 millones de pesos colombianos. Su desempeño ante la entidad se extendió durante todo el 2023 bajo esa modalidad contractual. Sin embargo, la situación cambió meses después, cuando el 22 de enero de 2024 la contralora Giraldo firmó un ajuste al manual interno, incorporando la psicología como una de las profesiones habilitadas para optar al puesto de secretaria Administrativa y Financiera, cuyo salario superaba los 10 millones de pesos. Posteriormente, Barrios fue nombrada en este cargo, ahora como funcionaria de planta pública.
Estos hechos han suscitado debates en torno a la idoneidad de los procesos de selección en la función pública, especialmente considerando la importancia de la transparencia y la ética en los nombramientos para cargos estatales. La situación ha captado la atención local y puede influir en la percepción pública sobre las próximas gestiones de la funcionaria, quien está destinada a desempeñar un papel clave a partir del año 2026 en Manizales. De acuerdo con el seguimiento periodístico de LA PATRIA, el caso continúa siendo objeto de interés por las implicaciones administrativas y éticas que representa.
¿En qué consiste el manual de funciones de una entidad pública y por qué es relevante su modificación?
El manual de funciones es un documento institucional que define, en términos precisos, los requisitos, responsabilidades y competencias necesarias para ocupar cada cargo en una organización pública. Su modificación puede tener importantes efectos, ya que altera los perfiles profesionales requeridos e incide directamente en quiénes pueden o no aspirar legítimamente a un puesto. Por este motivo, cualquier ajuste a este documento se considera un proceso especialmente sensible y debe estar sustentado en criterios de transparencia y meritocracia, aspectos que cobran especial importancia en los casos en los que los cambios pueden beneficiar a allegados de funcionarios o servidoras de confianza, tal como lo reseñó LA PATRIA en el contexto estudiado.
La relevancia de este tema radica en la necesidad de mantener altos estándares de ética y control en el acceso a cargos públicos, ya que la adecuada administración de esos manuales afecta la confianza ciudadana en las instituciones y en la gestión de los recursos públicos. Por tanto, el caso descrito no solo tiene impacto administrativo, sino que también contribuye a la discusión sobre buenas prácticas en la función pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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