Según el funcionario, el hecho sucedió el pasado 23 de mayo en el municipio de Murindó, Antioquia. Ceballos dijo que el artefacto se detonó en sus manos y le provocó las graves heridas.
“La niña indígena llevaba un mes reclutada contra su voluntad y solo un mes después la ponen a manipular minas antipersonal”, puntualizó.
Además, dijo el comisionado, después de la explosión, la adolescente fue abandonada por el grupo armado ilegal y la comunidad fue la que prestó auxilio.
“El Eln había reclutado a esta niña hace un mes y en ese escaso tiempo la lleva a instalar minas antipersonales. El resultado de esta desgracia es que la niña perdió dos brazos, un ojo y en este momento se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Medellín”.
Tras condenar lo ocurrido, y contando ese doloroso caso, Ceballos invitó al país “a unirse en el repudio al reclutamiento de menores. Por eso la exigencia del Gobierno para que cese inmediatamente este grave delito considerado un crimen de guerra”.
Más de 7.400 niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento de grupos armados ilegales en Colombia entre 1985 y 2019, una “práctica generalizada y sistemática” que se adapta a las nuevas dinámicas del conflicto en el país, según un informe elaborado por el Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes (OPROB).
El estudio detalla que en los tres últimos años los grandes responsables del reclutamiento forzado de menores fueron el Eln, el Epl, disidencias de las Farx y bandas herederas de los paramilitares.
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