La joven es señalada por la Fiscalía de participar en el hecho terrorista, perpetrado el 17 de junio de 2017 en el que murieron 3 mujeres, junto con otros supuestos integrantes de la célula urbana del Eln conocida como Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Fueron 10 personas capturadas que permanecieron en prisión casi 3 años hasta hace pocos días cuando un juez le concedió la libertad a 7. Entre los que quedaron en prisión está Trujillo.

Ella intentó colaborar con la Fiscalía, y sus declaraciones habrían sido claves para “cambiar el rumbo del proceso”, pero su colaboración se engavetó en el despacho de jefe del ente acusador, según Semana.

La idea, dice la revista, era que Trujillo confesara y diera detalles del rol que jugó cada uno de los implicados en ese y otros 10 ataques en Bogotá y Pereira entre 2015 y 2017, además de revelar la identidad de personas involucradas y que no estaban en el radar de las autoridades.

Por información que tenía la Fiscalía, esta joven compartió vivienda con Boris Rojas, señalado líder del MPR, y podía entregar datos detallados de sus actividades, si guardaba material de guerra y si estaba vinculado al Eln, entre otros.

En el acuerdo se estableció que ella podría “constituirse en una potencial fuente de información privilegiada que permitirá desarticular una organización subversiva” y le propuso que aceptara el delito de rebelión, por el que pagó 47 meses de prisión.

Pero eso no era todo, como Trujillo aún debía responder por cargos de homicidio, terrorismo y concierto para delinquir, acordó con la Fiscalía que no pagaría cárcel por esos delitos “a cambio de que entregara información para esclarecer diez hechos violentos en los que participó el MRP y de que declarara contra los nueve sospechosos”, añade el medio.

Todo iba muy avanzado pero no se sabe qué pasó y pese a que la negociación estuvo vigente durante la administración encargada de Espitia y el comienzo de la de Barbosa, el principio de oportunidad quedó estancado en ese despacho, según la versión de Francisco Bernate, abogado de las víctimas del atentado al centro comercial Andino. El jurista le dijo a Semana:

“Esta persona sí estaba muy avanzada y en eso se estaba trabajando hace mucho tiempo, pero desafortunadamente la Fiscalía nunca lo movió. La persona fue trasladada a otra cárcel para dar esa información, pero eso se quedó en el escritorio del fiscal general y nunca pasó nada”.

Bernate asegura que como representante nunca se le consultó la opinión de los afectados y no saben qué contenía el documento, por qué no se firmó ni por qué tanta demora para concretar algo, lo que finalmente no pasó.

Trujillo es graduada de Derecho en la Universidad Nacional donde conoció a las otras personas sindicadas del hecho terrorista. Además, en el proceso es señalada de descargar los planos del centro comercial para perpetrar el atentado y de viajar a campamentos del Eln, donde, dice la Fiscalía, recibió entrenamiento militar.

Mientras que en los otros hechos, las autoridades aseguran, citadas por la revista, que es responsable de “repartir panfletos y propaganda”, y cumplir labores de vigilancia para detonar explosivos de bajo poder en las sedes de la Dian y de SaludCoop.