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El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha anunciado una proyección que contempla la creación de 442 nuevos cargos dentro de su planta laboral, como parte de un proceso de reorganización institucional y formalización laboral. Según la información oficial proporcionada por la entidad en respuesta a un derecho de petición del representante a la Cámara, Andrés Forero, del partido Centro Democrático, el costo anual estimado para la puesta en marcha de estos cargos en 2026 sería de 59.403 millones de pesos. Este planteamiento llega en un contexto delicado, marcado por la autodenominada “emergencia económica” y la proximidad de nuevas elecciones presidenciales.
El representante Forero expuso públicamente su preocupación a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter), subrayando que la expansión de la planta de personal se propone en un periodo de crisis sanitaria y en vísperas de elecciones. Forero además señaló que el proceso ocurre “de espaldas a los sindicatos del Ministerio”, quienes han solicitado la apertura de un incidente de desacato frente a las decisiones adoptadas por la administración de Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud.
De acuerdo con el documento de respuesta al derecho de petición, la determinación de incrementar la nómina se fundamentó en la detección de una carga laboral creciente. El análisis realizado internamente condujo a la priorización de la creación de empleos permanentes, como mecanismo para dar respuesta a las demandas laborales identificadas. Por ello, se estableció la cifra exacta de 442 nuevos empleos para ser formalizados, con su respectivo presupuesto estimado.
El Ministerio de Salud también especificó que el costo anual actual de su nómina asciende a 94.218 millones de pesos, lo que incluye tanto las obligaciones cumplidas hasta la fecha como la proyección presupuestal hasta finales de 2025.
Pese a la claridad sobre los costos y el número de empleos, la entidad subrayó que la implementación efectiva de los nuevos cargos dependerá de la disponibilidad de recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda. Al momento de la respuesta —noviembre del año anterior—, la cartera de Salud adelantaba trámites ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Presidencia (DAPRE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Hacienda, enfocándose en los pasos administrativos necesarios para habilitar la reforma.
Sin embargo, el tiempo para adoptar la medida se acorta. De acuerdo con el DAFP, desde enero de 2026, conforme a las restricciones legales que anteceden a las elecciones presidenciales, las entidades de la Rama Ejecutiva no podrán crear, proveer ni modificar cargos dentro de la nómina estatal salvo excepciones expresamente contempladas normativamente. Esta prohibición, que dura cuatro meses antes de los comicios, incluye tanto la creación de empleos derivados de rediseños institucionales como la provisión de vacantes.
El propio Ministerio de Salud consultó si podría proveer vacantes definitivas después del 31 de enero de 2026, obteniendo una respuesta negativa: la ley prohíbe cualquier modificación a la nómina pública en ese periodo, lo que condiciona la viabilidad temporal de las nuevas plazas al avance de la gestión administrativa y la aprobación presupuestal antes de la entrada en vigor de las restricciones electorales.
¿Qué implica la “formalización laboral” en este contexto?
Cuando el Ministerio habla de formalización laboral, se refiere al proceso de convertir empleos temporales, contratados por prestación de servicios u otras modalidades, en puestos permanentes y estables dentro de la estructura estatal. Este aspecto es especialmente importante en entidades públicas donde la sobrecarga de trabajo puede conducir a vínculos laborales precarios. En este contexto, la formalización busca garantizar derechos laborales plenos para quienes integran la nómina.
La relevancia de este tema radica en que la estabilidad laboral fortalece tanto la eficiencia institucional como la protección de los trabajadores. Además, en el sector público colombiano, la formalización suele asociarse con mejores condiciones para la planeación y desarrollo de políticas públicas, lo cual adquiere mayor peso en momentos críticos para la salud y el bienestar social.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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