Este fin de semana la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) y el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) han protagonizado una fuerte discusión por el debate y votación en el Congreso del proyecto que crearía el Ministerio de la Igualdad.

El proyecto tuvo su primera cita el jueves pasado en las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara, sin embargo, ese día la discusión fue aplazada por falta de quórum pues congresistas del Centro Democrático se levantaron de la sesión.

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El Espectador pudo conocer que se trató de una estrategia de ese partido para evitar la votación, destruyendo el quórum decisorio, en palabras de la senadora Paloma Valencia.

Por esa determinación, Gustavo Bolívar se lanzó en contra del partido uribista y dijo que “la derecha, que con sus políticas neoliberales y reformas tributarias diseñadas para enriquecer a los más ricos y que generó que la nuestra fuera una de las sociedades más desiguales del mundo, no puede estar de acuerdo con un Ministerio de la Igualdad”, señaló.

Frente a esas acusaciones, Paloma Valencia no se quedó callada y se enfrascaron en una discusión que terminó en un fuerte cruce de palabras: “De los mismos creadores de enemigos de la paz; ahora vienen los enemigos de la igualdad. Somos enemigos de la impunidad y de la burocracia”, dijo.

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La senadora fue más allá y dijo que Bolívar tiene “afán de que le den puesto a todos los amigos, les pedimos un poco de control sobre su apetito burocrático”.

Pese a que la discusión entre congresistas de Gobierno y oposición debería girar alrededor de argumentos, el debate se ha detenido en el enfrentamiento entre ambas orillas.

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Bolívar se refirió a Paloma Valencia este domingo como “descarada porque, según dijo, “puso a su hermano de cónsul en Miami y casi no entrega el puesto. No tengo, tuve, ni tendré familiares en el Gobierno”, le respondió.

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Los argumentos del Centro Democrático para votar negativamente a la creación de esa cartera tienen que ver con que, según ellos, se aumentaría la burocracia estatal y eso le costaría al país “100 mil millones de pesos anuales”, que vendrían de los recursos públicos.

Así las cosas, según los congresistas uribistas la “carga económica” que conllevaría la reforma tributaria, “sería para financiar más burocracia”.