El ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, causó revuelo con unas declaraciones en las que anunció que el informe presentado por la Comisión de la Verdad será mostrado en escuelas y colegios. El Gobierno Nacional tiene como propósito que las nuevas generaciones conozcan sobre el trabajo que se ha hecho en el marco del conflicto armado colombiano y el Acuerdo de Paz.

“Conocer nuestro pasado, hurgar en nuestras historias, incluso en las más problemáticas, incluso enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la reconciliación de nuestro país. Este 12 de agosto, las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Invito a los encargados, a todos los rectores, a inscribir su institución en este enlace. Y recuerden este 12 de agosto las escuelas y colegios de nuestro país abrazan la verdad”, dijo Gaviria en un video publicado por Revista Semana.

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Dicho anuncio desató la reacción de algunos padres de familia, quienes mostraron su rechazo por la decisión, pues consideran que la medida sería una forma de adoctrinamiento para sus hijos. 

“Qué horror, reescribieron la historia y ahora les lavarán el cerebro haciéndoles creer que los malos fueron los buenos y los buenos los malos”, dijo María Gómez, madre de familia a Revista Semana, 

“Adoctrinamiento puro y duro, la cátedra de Chávez parecerá ‘El princípito’”, contó Camilo Parada, otro acudiente al citado medio. 

Y es que el texto de la Comisión de la Verdad ha despertado rechazo, sobre todo desde los sectores que se oponen al trabajo que se hizo con el acuerdo de paz. Según algunos miembros del Centro Democrático, en el texto se evidencia cierto sesgo en el que dejan mal parada a la fuerza pública, mientras que se justifican algunas acciones de grupos guerrilleros.

Lo que más preocupa a quienes defienden a las fuerzas armadas es que en el mismo se propone reducir el número de uniformados, cambiar la doctrina militar y darle un enfoque totalmente distinto. También se pide acabar con el fuero penal y que sean juzgados por la justicia ordinaria.

“Realizar un debate público sobre la necesidad y conveniencia de mantener el fuero penal militar y, en todo caso, adoptar los ajustes normativos y político institucionales necesarios para que la Fiscalía General de la Nación asuma la competencia de investigación de las conductas punibles cometidas por los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, dice el informe.

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