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En numerosas ciudades colombianas como Cali, así como en distintos municipios del país, los habitantes han experimentado una espera prolongada—de hasta más de una década—por la reparación de las calles donde residen, a pesar del compromiso anual reflejado en el pago del impuesto predial. El deterioro persistente de la infraestructura vial en estos lugares ha generado incomodidades cotidianas, afectando la movilidad y aumentando los riesgos de accidentes para peatones y conductores. A este contexto se suma un sentimiento de frustración entre los propietarios, quienes sienten que el pago de impuestos no se traduce en soluciones tangibles para su entorno inmediato.
Esta problemática, común en barrios urbanos y sectores periféricos, es el origen de una propuesta legislativa impulsada por Cristian Viveros, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca del Partido Conservador. Bajo el nombre “Menos predial, menos huecos”, la iniciativa busca redefinir la relación entre los ciudadanos, el pago del impuesto predial y la reparación de vías barriales. La idea central es otorgar a los propietarios la posibilidad de destinar, de manera voluntaria, una fracción de su obligación tributaria a la financiación directa de trabajos en la cuadra donde viven, permitiendo así una mejora en la calidad de vida de su comunidad.
El planteamiento es voluntario y de carácter comunitario: aquellos propietarios que opten por no involucrarse estarían exentos de cualquier sanción o requerimiento extra. Según Viveros, esta no es solo una propuesta de campaña sino un proyecto de ley ya estructurado y listo para su trámite en el Congreso, siempre que logre obtener una curul. Así, se pretende instaurar un mecanismo formal y transparente, con respaldo legislativo, para que los recursos destinados por los ciudadanos tengan impacto directo en su entorno.
La iniciativa de Viveros se inspira en modelos existentes como el de “obras por impuestos”, vigente en Colombia y orientado a grandes empresas que, previa aprobación, pueden dedicar parte del impuesto de renta a la ejecución de proyectos de infraestructura. La propuesta traslada esta lógica al ciudadano común y focaliza la inversión en la infraestructura local más urgente: las calles de los barrios. Viveros subraya que si los alcaldes no desean que este esquema se aplique, su opción es responder eficazmente a la población con la recuperación oportuna de las vías.
De acuerdo con los lineamientos del proyecto, una vez los residentes de una cuadra cumplen con los requisitos formales establecidos por ley, la Alcaldía debe autorizar la intervención. En este proceso, la función de las administraciones locales se limita a fijar condiciones técnicas, supervisar la obra y certificar la calidad final, restringiendo la posibilidad de rechazos arbitrarios o guiados por intereses políticos particulares.
Otro aspecto fundamental de la propuesta es la flexibilidad del aporte ciudadano. No se limita solo a una contribución económica, sino que incluye la opción de ofertar mano de obra; de esta manera, aquellos vecinos que no puedan aportar fondos, pero sí tiempo y esfuerzo, pueden trabajar en la reparación y ver su dedicación reconocida oficialmente mediante un descuento en su impuesto predial, según tablas de valoración definidas en la ley.
Las críticas al proyecto sobre posibles riesgos de desorden o ausencia de control han sido abordadas por Viveros, quien señala que la supervisión institucional y la existencia de reglas claras son pilares del esquema. Insiste en que el Estado mantendría un rol importante de control, acompañamiento y verificación técnica, mientras que la ejecución pertenece a la comunidad. A quienes consideran la propuesta como populista, Viveros responde que es precisamente la falta de soluciones lo que constituye el verdadero populismo, ya que las promesas reiteradas de mejorar la infraestructura rara vez se cumplen. En este sentido, la propuesta representa un incentivo para que las alcaldías asuman eficazmente su papel, mientras brinda a los ciudadanos una herramienta concreta para transformar su entorno si el abandono persiste.
¿Qué son las “obras por impuestos” a las que hace referencia la propuesta?
La pregunta sobre el significado de “obras por impuestos” surge naturalmente al analizar la propuesta. Este mecanismo, que ya existe en Colombia, permite que grandes empresas cumplan una parte de su obligación tributaria invirtiendo directamente en proyectos de infraestructura aprobados previamente por el gobierno. Así, los recursos de los impuestos no llegan solo en forma de dinero a la administración pública, sino también en obras concretas realizadas por los contribuyentes responsables de los proyectos.
Al trasladar este modelo al ámbito del impuesto predial, la propuesta de Viveros busca facilitar que los ciudadanos vean resultados directos de su aporte en el mejoramiento de su entorno inmediato. La diferencia esencial es que, ahora, serían las comunidades barriales quienes definirían, ejecutarían y supervisarían las obras, siempre bajo la vigilancia y los estándares técnicos del Estado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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