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La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas sobre la crisis sanitaria que golpea tanto al Valle del Cauca como a diversas regiones de Colombia, cuestionando al mismo tiempo las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. El organismo de control identificó una situación especialmente delicada en siete departamentos: Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima, donde se han detectado graves deficiencias en la atención, desabastecimiento de medicamentos y una insostenible situación financiera que afecta tanto a hospitales como a clínicas de carácter público y privado.
Esta problemática, según el informe de la Defensoría del Pueblo, no se limita a una preocupación local: se trata de una dificultad de alcance nacional que compromete seriamente la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud. Los habitantes de estas regiones están viendo amenazada su posibilidad de acceder a servicios médicos adecuados, elemento esencial para el bienestar y la dignidad de cualquier persona.
En este escenario, la Defensoría ha pedido al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reforzar de manera inmediata los canales de comunicación oficial y ejercer mayor sensibilidad en sus interacciones públicas. El organismo consideró que las declaraciones recientes del ministro sobre las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) han resultado “indolentes” y poco empáticas, ya que, a su juicio, pasan por alto la obligación del Estado de preservar sin excepción los derechos humanos y minimizan la angustia que experimentan los trabajadores de la salud y los pacientes afectados.
Especialmente en el Valle del Cauca, la crisis sanitaria actual se agrava por los problemas operativos de la Nueva EPS y de Emssanar, entidades promotoras de salud que concentran la mayor cantidad de quejas en Cali y el resto del departamento. Según la Defensoría, los usuarios de la Nueva EPS son quienes más sienten el impacto negativo, dado que esta entidad afronta un colapso financiero producto, entre otras causas, del embargo de sus cuentas bancarias, lo que ha intensificado el colapso en hospitales y dispensarios asociados.
El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, ha destacado la severidad de la crisis financiera en la red de salud local, tanto pública como privada, señalando que los retrasos en los pagos afectan directamente a los médicos y profesionales sanitarios. De acuerdo con datos suministrados por Escobar, la deuda acumulada de las EPS hacia las instituciones prestadoras en la capital vallecaucana bordea los tres billones de pesos. De ese total, la Nueva EPS, asegurador más grande del país, y Emssanar, líder en cobertura subsidiada, figuran como los mayores responsables.
En la red hospitalaria y distrital pública, la cartera pendiente podría superar los 69 mil millones de pesos, acentuando la incertidumbre acerca de la sostenibilidad del sistema y la posibilidad de mantener una atención digna y oportuna. La preocupación de las autoridades y de la población del departamento crece frente a una atención cada vez más deficiente, y mientras se espera que el actual gobierno logre establecer mecanismos que estabilicen el flujo de recursos, el panorama sigue siendo incierto para miles de usuarios.
Ante este contexto, se hace indispensable preguntarse cómo podrán las autoridades y las instituciones sanitarias revertir esta compleja situación a corto y mediano plazo, cuando la confianza de la ciudadanía y la estabilidad del sistema mismo se encuentran en juego.
¿Qué significa que una EPS se encuentre en estado crítico financiero y cómo afecta esto a los usuarios?
La pregunta sobre el impacto de la crítica situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) resulta clave para comprender la gravedad de la crisis. El desbalance económico en una EPS implica dificultades para honrar los pagos a hospitales, clínicas y personal médico, generando así retrasos en la atención y falta de acceso oportuna a medicamentos y procedimientos.
Este fenómeno afecta directamente a los usuarios, quienes pueden experimentar demoras considerables para recibir tratamientos y enfrentar incluso la imposibilidad de acceder a servicios básicos. La situación adquiere dimensiones más preocupantes cuando las cuentas de una EPS son embargadas, lo que impide que la entidad disponga de recursos para cumplir sus obligaciones, profundizando el colapso de todo el sistema de salud local, como ha quedado evidenciado en escenarios como el Valle del Cauca.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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