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Un menor de edad se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por Michel, quien, según información publicada por La Patria, le mostró una navaja con la intención de intimidarlo y lo provocó a pelear. El encuentro rápidamente escaló a una violenta riña; el adolescente, tratando de defenderse, también sacó un cuchillo, pero durante el forcejeo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Aprovechando el momento de vulnerabilidad, Michel lo hirió y sustrajo un teléfono celular valorado en 600 mil pesos colombianos.
El parte médico posterior evidenció la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, concluyendo que su vida estuvo en peligro como consecuencia del ataque. La respuesta de las autoridades no tardó en llegar: durante la audiencia judicial, Michel recibió como medida cautelar la detención intramural, es decir, el encarcelamiento preventivo mientras avanzaba el proceso penal en su contra.
No obstante, en días posteriores, la defensa de Michel compareció ante un juez de garantías para solicitar que la detención se cumpliera en domicilio, bajo el argumento de que podría ubicarse en un lugar lejano a la residencia del menor agredido. Este pedido generó inquietud entre los familiares del afectado, quienes manifestaron su preocupación por la seguridad del joven, ya que consideran al procesado una amenaza latente si está en libertad, según lo señalado en La Patria.
La defensora argumentó que la reclusión domiciliaria, alejada del entorno del menor, sería una medida suficiente para evitar riesgos, mientras anticipó que en febrero podría discutirse un posible preacuerdo entre las partes.
Ante la negativa de conceder la detención domiciliaria, la defensa de Michel interpuso recurso de apelación, en busca de revertir la decisión judicial. El caso continúa mientras se espera la posible realización de un preacuerdo en los próximos meses. Todo este proceso pone en evidencia la complejidad de equilibrar la seguridad de las víctimas con las garantías procesales de los acusados durante procedimientos judiciales sensibles en materia penal.
¿Qué es una medida de aseguramiento intramural y por qué se aplica?
En el ámbito judicial colombiano, la medida de aseguramiento intramural consiste en la privación de la libertad de una persona procesada, recluyéndola en un establecimiento penitenciario. Esta figura se aplica generalmente cuando existen elementos que permiten concluir que la libertad del investigado representa un peligro para la víctima, para la sociedad, o puede dificultar el desarrollo de la investigación, como lo destaca la cobertura de La Patria.
Su relevancia en situaciones como la descrita radica en proteger los derechos de las víctimas, prevenir nuevas agresiones y asegurar la comparecencia del acusado ante la justicia. Solamente bajo determinados criterios legales, y a criterio de un juez, se autoriza la sustitución de esta medida por una detención domiciliaria, siempre evaluando cuidadosamente los riesgos involucrados para evitar la revictimización y priorizar la seguridad de la persona afectada.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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