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María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y figura central en uno de los más notorios escándalos de corrupción reciente en Colombia, ha roto el silencio sobre su papel en la investigación que ha llevado a la judicialización de altos exfuncionarios. En conversación con Caracol Radio, Benavides detalló que su participación en el esquema de desvío de recursos dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue motivada por el cumplimiento de órdenes, aunque evitó identificar la fuente de dichas directrices. Su testimonio, divulgado ampliamente por medios reconocidos, perfila el ambiente de presión y confusión que se vive en distintos niveles de la administración pública.
De acuerdo con el reporte emitido por Caracol Radio, Benavides sostuvo que su papel como enlace entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda la llevó a enfrentar “situaciones con las que no se sentía cómoda”, pero confesó que no interpuso denuncia alguna en ese momento. Reconoció abiertamente su error, señalando: “Yo me equivoqué, lo reconozco. Como funcionaria pública fallé. Cuando sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Estoy aquí, soy la única que da la cara y está dispuesta a ir ante las autoridades pertinentes porque tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad”.
Durante la entrevista, se le insistió sobre la identidad de quien ordenó la entrega de contratos a congresistas. Ante la pregunta, Benavides reiteró que ha declarado ante diferentes autoridades sin poder afirmar con certeza quién fue el responsable principal. Mencionó además que llegó al Ministerio convencida de que trabajaba “para el Estado y no para un gobierno”, impulsada por un deseo personal de ayudar a otros, aunque la realidad interna del cargo pronto la desilusionó.
La entrevistada relató cómo la experiencia de operar bajo la influencia de figuras de poder, sumada a presiones específicas para realizar determinadas acciones, la hizo cuestionar su permanencia en la entidad pública. Benavides expresó que el temor y el peso de esas decisiones influyeron directamente en su falta de reacción inmediata: “Estar bajo las órdenes de una figura de poder que representa los intereses de muchos... que te digan haz esto o haz aquello. ¿Qué pasa si uno dice que no? Es muy difícil”, reflexionó.
Pese a esta presión, Benavides enfatizó que no se considera una cuota política y reiteró que nunca fue obligada de manera literal a participar en los hechos. Según su testimonio, decidió abandonar el ministerio “apenas pudo”, motivada por la imposibilidad de continuar colaborando en situaciones que la sobrepasaban moralmente. Su manifestación de remordimiento y su disposición a cooperar con las autoridades se presentan como excepcionales en un caso que, según fuentes citadas en la entrevista, aún está en desarrollo.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales y administrativas para aquellos implicados en el escándalo de la UNGRD?
Esta pregunta es relevante ya que toca el núcleo del impacto que tiene la declaración de María Alejandra Benavides y permite analizar el alcance de la judicialización en casos de corrupción de alto perfil en Colombia. Las implicaciones legales incluyen posibles procesos penales para quienes resulten responsables directos o indirectos del desvío de recursos, así como sanciones disciplinarias y eventuales inhabilidades para ejercer cargos públicos, según la normatividad vigente.
Desde una perspectiva administrativa, el caso podría motivar reformas en los procedimientos de vigilancia y control dentro de entidades estatales como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Adicionalmente, las investigaciones, tal como lo ha evidenciado Caracol Radio, podrían tener un impacto en la percepción ciudadana sobre la gestión pública y la confianza en las instituciones encargadas de administrar recursos de emergencia, abriendo la puerta a debates sobre mecanismos de prevención y transparencia en la función pública.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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