En un contundente golpe contra la corrupción, la Fiscalía General de la Nación desmanteló una red criminal que manejaba sumas exorbitantes de dinero a cambio de manipular procesos judiciales. Como explicó el ente acusador, esta red cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos para direccionar procesos de lavado de activos y extinción de dominio.
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Tal como afloró en operativos simultáneos en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), nueve personas entre funcionarios activos y exfuncionarios de instituciones claves como la Policía Nacional, el CTI y el Inpec fueron arrestadas en esta redada.
Según lo reveló la Fiscalía el 29 de diciembre de 2025, esta organización operaba desde el 2014 y tenía por clientes a figuras de la talla de Juan Carlos Ramírez Taborda, alias ‘Manicomio’ o ‘El Piloto’, un narcotraficante que pagó condena en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Esta banda de corruptos prometía evitar órdenes de captura, extinción de dominio sobre bienes y otras acciones judiciales. A perversidad de su cometido, se deshacían de pruebas, entorpecían investigaciones y amenazaban testigos para conseguir información falsa de los familiares de Ramírez, buscando con endeble escrúpulo el pago de su silencio.
La indagación, comandada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, documentó transgresiones del orden en 2014, 2015, 2024 y 2025, y mediante reuniones en Bogotá y Villavicencio (Meta) traficaban con información confidencial para forzar las concesiones. Esta organización se centraba en procesos de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, distorsionando pruebas para conceder beneficios a los acusados a cambio de gruesos sobornos.
“En 3 investigaciones que se adelantaban en la unidad, funcionarios adscritos a esa unidad procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de los que estaban allí involucrados para esconder sus bienes, haciendo creer que habían unas órdenes de captura. Tenían varias citas en Villavicencio y Bogotá, allí identificamos 9 personas, 4 funcionarios activos del grupo de la Dijín, 4 de la Policía y uno del Inpec. Ya se hicieron las capturas y estamos en etapa de audiencias”, dijo la fiscal del caso.
La operación refleja afanes institucionales por desterrar organizaciones que convierten el poder público en una negra bolsa de transacciones. Sin embargo, se aclara que las indagaciones continúan en desarrollo y que la justicia seguirá persiguiendo a los corruptos.
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