El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivó la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación del tope de gasto en la campaña presidencial de 2022.
La ponencia, que fue congelada durante casi cuatro meses y a la que tuvo acceso El Espectador, medio aliado de Pulzo, ha vuelto a tomar relevancia y está bajo el escrutinio de los magistrados del CNE, quienes jugarán un papel clave en determinar el futuro de este caso.
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La investigación contra Petro estuvo liderada por dos magistrados: Benjamín Ortiz Torres pertenece al Partido Liberal, una colectividad de la coalición de gobierno, y Álvaro Hernán Prada es miembro del Centro Democrático, que se ha mostrado como uno de los principales opositores de la actual administración.
Además de los magistrados investigadores, otros miembros del CNE también tendrán una voz y voto decisivos en este proceso. Maritza Martínez Aristizábal, presidenta del órgano electoral, pertenece al Partido de la U, Alfonso Campo Martínez es conservador. Es decir, representan a dos partidos declarados en independencia. Por el contrario, César Augusto Lorduy es miembro de Cambio Radical, partido de oposición.
En contraste, las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez Grisales son ambas del Pacto Histórico, y Cristian Ricardo Quiroz Romero, es de la Alianza Verde, partido que, a pesar de sus divisiones internas, continúa siendo pro-gobierno.
Hay dudas frente a si ya se reintegró el magistrado Altus Baquero, quien es liberal, y estuvo por fuera de la organización electoral luego de que la experiencia profesional que dijo tener para el cargo fuera puesta en duda. No se sabe si se inclinaría a votar a favor o en contra del pliego.
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El desenlace de esta investigación podría verse influenciado por las inclinaciones políticas de los magistrados. La necesidad de obtener al menos seis votos a favor o en contra de la formulación de cargos significa que las alianzas y negociaciones entre estos actores serán cruciales. La posibilidad de que la votación se aplace debido a las solicitudes de revisión por parte de magistrados afines a Petro, como Velásquez, Márquez y Quiroz, es alta, lo que podría dilatar el proceso por meses.
De no alcanzarse los seis votos mínimos, la determinación de si se abre o no una investigación formal y se formulan cargos quedará en manos de uno o dos de los conjueces del CNE. Estos se elegirían mediante sorteo.
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