El Espectador asegura que la también mayor del Ejército “mantuvo en firme el proceso contra Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada”, y que “su ponencia fue radicada dos meses antes de las preguntas del reportero (Coronell)”.
Además, indica que en la providencia “antes que favorecimientos lo que hubo fueron regaños para los abogados de Uribe”.
La defensa del líder del Centro Democrático buscaba la nulidad del caso, pero, lejos de eso, “la Sala de Instrucción consideró que la defensa de los procesados acudió a “malabarismos argumentativos” y a “una línea de argumentación especulativa y de construcción de premisas inciertas” para justificar sus alegatos”, añade ese diario.
Ante un derecho de petición del periodista Daniel Coronell, la togada había reconocido que no incluyó en su hoja de vida el haber trabajado con Jaime Granados, apoderado del senador Uribe Vélez en el caso por presunta manipulación de testigos que este inició contra Cepeda, pero que terminó siendo en su contra.
Esa omisión, y la posibilidad de que Lombana tuviera que declararse impedida para asumir el caso, sembraba dudas sobre su imparcialidad a la hora de emitir conceptos como ponente del caso.
A raíz de esto, la defensa del senador del Polo Democrático le sugirió recusarla, pese a que en su momento reconocieron que su actuación no configuraba delito alguno, pero sí alguna falta disciplinaria y ética.
Viendo que por lo menos en un primer término habría fallado en derecho y sin favorecer a Uribe, la conclusión de una fuente consultada por El Espectador fue que la medida terminaría siendo contraproducente para el congresista:
“En teoría, el más interesado en agilizar este expediente, es decir, Cepeda, fue el que lo terminó alargando con su recusación a la magistrada Lombana”
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