Los lotes Morena 1, 2 y 3, en donde actualmente funciona la Liga de Fútbol de Colombia, en el sector del norte de Bogotá permanecerán en propiedad del Estado. La Corte Suprema de Justicia decidió amparar los derechos de propiedad de la Nación en los terrenos que ponían en riesgo la propiedad pública sobre los mismos.
Lotes de Liga de Fútbol de Bogotá, valorados en más de 475.000 millones
475.000 millones de pesos es el precio comercial bajo el cual se estiman los lotes en la actualidad. Cuentan con 24 hectáreas y en su extensión funciona la liga de fútbol de la ciudad, abarcando 16 canchas de fútbol, más de 1.500 parqueaderos habilitados los fines de semana, una cafetería, y un ecosistema deportivo en el que compiten más de 1.020 equipos y participan 200 clubes.
En el marco de proceso divisorio los predios fueron valorados en 107.000 millones de pesos y registran un impuesto predial superior a 22.900 millones de pesos.
La decisión de proteger la propiedad del Estado sobre estos predios emitida el pasado 19 de mayo se dio debido a la imposición de una tutela por parte de la FAC como respuesta a medidas judiciales que ponían en riesgo la propiedad del Estado sobre estos predios que fueron adquiridos mediante procesos de extinción de dominio.
Cabe recordar que luego de extinguir el dominio de los bienes del narcotraficante Luis Gonzalo Rodríguez Gacha, adquiridos a través de la sociedad Equimotor Ltda., la FAC adquirió estos lotes entre 2014 y 2017. Sin embargo, herederos de antiguos propietarios que vendieron legalmente los terrenos a dicha sociedad, iniciaron procesos judiciales alegando un presunto fraude procesal sin estar en calidad de víctimas y con el objetivo de recuperar la propiedad de dichos predios.
Corte advirtió riesgo de enriquecimiento sin causa
En esta decisión emitida el pasado 29 de abril de 2025 la alta corte reveló que algunos jueces y fiscales desconocieron principios constitucionales como la cosa juzgada, la razonabilidad y la proporcionalidad, al pasar por alto el origen legítimo y judicialmente declarado de la propiedad estatal.
De igual forma, advirtió que hay un riesgo real de enriquecimiento sin causa al admitir que quienes hayan sido compensados económicamente por los terrenos nuevamente se los adjudiquen.
Por tanto, la autoridad judicial dejó sin efecto las resoluciones emitidas por las Fiscalías 57 y 107 Seccionales de Bogotá, además de desarchivar el expediente penal 844233 para reorientar su trámite conforme a los lineamientos de la sentencia. Adicionalmente, la corte anuló actuaciones civiles y registrales que vulneraban la propiedad de la FAC, y previno a todos los juzgados especializados en extinción de dominio del país sobre su deber de garantizar la ejecución efectiva de sus decisiones.
El director general de la Agencia Nacional , César Palomino Cortés, destacó la importancia de decisiones judiciales como estas:
“Esta decisión envía un mensaje contundente: los bienes recuperados del narcotráfico y puestos al servicio de la sociedad no pueden ser objeto de estrategias jurídicas irregulares. La Corte ha blindado el interés público y ha reiterado que los fallos de extinción de dominio tienen fuerza constitutiva y no pueden ser desconocidos por vías indebidas”, acotó.
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