El reciente atentado registrado en Bogotá contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, motivó que el Gobierno Nacional considere la implementación temprana de estrategias de seguridad, especialmente el denominado Plan Democracia, que usualmente se activa poco tiempo antes de las elecciones. Esta medida busca anticiparse a posibles amenazas que pongan en riesgo la integridad de figuras políticas, en especial de quienes han manifestado su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2026, según informó El Tiempo.
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Luego del ataque al senador Uribe Turbay, el Gobierno, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bajo el liderazgo de Augusto Rodríguez, en conjunto con el Ministerio del Interior y las fuerzas armadas, evalúa emitir un decreto que permita adoptar medidas urgentes de seguridad. Esta determinación responde a la oleada de solicitudes de precandidatos y congresistas, quienes exigen el refuerzo de sus esquemas de seguridad.
El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), donde participan actores estatales clave, ya ha empezado a identificar los mecanismos necesarios para brindar soporte a quienes enfrenten peligros inminentes durante el periodo electoral. Augusto Rodríguez advirtió sobre la magnitud de la demanda: solo para atender las necesidades del presente año en cuanto a protección, la UNP requeriría cerca de 100.000 millones de pesos. Se prevé que este monto aumente en 2026, aunque la cantidad de aspirantes se reduzca, de acuerdo con el impreso.
Rodríguez ha tenido ya reuniones con figuras políticas como Claudia López, Juan Manuel Galán y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, para abordar las inquietudes de seguridad y buscar soluciones prontas mientras se definen los lineamientos del posible decreto que sería expedido desde la Casa de Nariño. En algunos casos, como el del precandidato David Luna, la UNP reforzó la seguridad de eventos específicos, como la llamada “marcha del silencio”, según el rotativo.
En medio de esta coyuntura, también se han producido controversias sobre el retiro o ajuste de esquemas de seguridad de funcionarios que ya no ejercen cargos públicos, como parte de una política de rotación de estos recursos. Uno de los casos recientes fue el del concejal bogotano Andrés Barrios, cuyo vehículo blindado tuvo que ser retirado y reparado después de que fuera abastecido con el combustible incorrecto, lo que generó rumores que la UNP desmintió sobre la supuesta reducción de su esquema de protección, de acuerdo con el citado diario.
Por otro lado, Rodríguez desmintió que Miguel Uribe haya solicitado en 25 oportunidades un fortalecimiento de su seguridad y que tales peticiones hayan sido ignoradas. Detalló que las solicitudes respondieron a viajes puntuales y estaban sujetas a los procedimientos habituales, incluido el aviso previo para gestionar viáticos de escoltas. Además, la Procuraduría General abrió una investigación sobre el funcionamiento del esquema de seguridad de Uribe Turbay durante el ataque, cuya coordinación era responsabilidad de la Policía Nacional, según el informe periodístico.
Ahora, el hospital donde está Miguel Uribe ha ofrecido un nuevo parte médico este lunes 16 de junio, el cual indica: “Ha continuado su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, subespecializada en Neurología, con monitoreo permanente de todos los parámetros pertinentes. En el curso de las últimas horas se le hizo una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial. El control tomográfico cerebral postoperatorio evidencia los resultados esperados sin observarse cambios significativos a los previamente identificados”.
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