En el análisis que hizo González, en entrevista con El Tiempo, no se había detectado que la mayoría de líderes sociales asesinados tuvieran “una amenaza o riesgo” y por lo mismo ellos no solicitaron protección a la UNP.
“Considero que nuestro trabajo con los líderes sociales a los que les prestamos protección ha sido bueno. El margen de error está en un 0,03 por ciento. Lamentablemente, algunos se han descuidado y han facilitado que se cometa un crimen contra ellos”, aseveró el funcionario al diario.
El director de la UNP se refirió en el periódico a un caso puntual en el que un líder social con escoltas fue dejado en su casa y, posteriormente, en altas horas de la noche, salió sin darle aviso al esquema de seguridad. Lo mataron.
Y es que en tan solo 16 días del 2020 ya iban 20 líderes sociales asesinados, cifra que sigue incrementando. El más reciente caso que se conoce sobre estos crímenes es el de Luis Darío Rodríguez, integrante de la Asociación de Familias Desplazadas y la Red de Derechos Humanos del sur de Córdoba.
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