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En la mañana del 18 de julio, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para dar prioridad a la puesta en marcha de la Ley 2590 de 2026, una norma recientemente sancionada que modifica las penas en los delitos de reclutamiento ilícito y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Según lo expuesto por la Defensoría en su comunicado oficial, esta legislación constituye “un avance significativo en la protección integral de la infancia y la adolescencia afectadas por el conflicto armado y otras formas de violencia organizada". La ley busca fortalecer las medidas dirigidas a prevenir el reclutamiento ilícito e incluye nuevos mecanismos para potenciar la capacidad de respuesta de las instituciones ante esta amenaza. Además, impone la obligación a los programas que integran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna) de priorizar los territorios identificados por la entidad como escenarios de riesgo.
Sin embargo, la Defensoría destacó que la sanción de la ley es solo un primer paso, pues su eficacia depende de la capacidad estatal para reglamentar, financiar y ejecutar las acciones establecidas. Por eso, la Defensoría instó, de forma enfática, al gobierno entrante de Abelardo De la Espriella a garantizar la implementación y el cumplimiento efectivo de las nuevas medidas legales. Entre las peticiones más relevantes, la entidad resaltó la urgencia de actualizar la Línea de Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual en un plazo no mayor a un año después de la expedición de la ley, pues un verdadero plan de prevención necesita permanencia, recursos y coordinación entre Estado y territorios.
La Defensoría también solicitó el desarrollo de una estrategia preventiva y la mejora de la infraestructura educativa, así como la identificación y capacitación de docentes en los municipios más afectados, todo en un plazo de un año. De acuerdo con la entidad, la protección de los menores no debe limitarse a reaccionar cuando el daño ya está hecho, sino que requiere una intervención integral, educativa y temprana, así como la promoción de oportunidades y la protección de comunidades vulnerables.
Cifras recientes presentadas por la Defensoría dan cuenta de la gravedad del fenómeno: entre enero y mayo de 2026 se registraron 51 casos de reclutamiento, siendo Norte de Santander y Cauca los departamentos con mayor incidencia. El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) fueron identificados como los grupos responsables de la mayor parte de estos hechos. En todo 2025, se reportaron 410 casos, y el Cauca fue el departamento más afectado.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué establece la Ley 2590 de 2026 sobre el reclutamiento de menores en Colombia?
La Ley 2590 de 2026 modifica las sanciones para delitos relacionados con el reclutamiento ilícito y la utilización de menores de edad en actividades delictivas, y exige a las instituciones, especialmente las que integran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna), que prioricen acciones en los territorios identificados como de alto riesgo, según señaló la Defensoría del Pueblo. Además, la ley promueve nuevas acciones para robustecer la respuesta institucional y enfatiza la importancia de la prevención y la reacción temprana.
¿Cuáles son las cifras más recientes sobre reclutamiento forzado de menores en Colombia?
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 se registraron 51 casos de reclutamiento forzado de menores, siendo Norte de Santander y Cauca los departamentos con mayor número de incidentes. Las estadísticas también señalan que en 2025 se reportaron 410 casos, de los cuales la mayoría se concentraron en el Cauca. Los grupos armados señalados como principales responsables fueron el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
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