En la noche de este viernes, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, respondió a la Fiscalía por la decisión de no levantar las órdenes de captura en contra de algunos miembros del ‘Clan del golfo‘, llamados también Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Según dijo el alto funcionario, en los próximos días llevarán pruebas al ente investigador en busca de que cambié de parecer y acceda a su petición.
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Aunque Prada aclaró que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial, dijo que buscan que cambien de parecer y allegarán el material jurídico necesario para que esa determinación cambie. El ministro dijo que la negativa del ente investigador, dificulta el proceso de avanzar en mesas exploratorias para lograr la “paz total”, además de que la modificación a la ley de orden público, “facultó al presidente de la República para avanzar en procesos de diálogos de paz”.
Asimismo, el alto funcionario aclaró que la ley 2272 también le permite avanzar en diálogos exploratorios con grupos que no tienen estatus político, como estos dos grupos herederos del paramilitarismo. Prada aclaró que el caso del Ejército de Liberación Nacional (Eln) es distinto, porque sí cuentan como actor político, pero aún así, hay otros grupos armados con los que se quiere terminar el conflicto.
El vocero del Gobierno dijo que en este momento la administración nacional adelanta un plan para poder dialogar con los otros actores armados “que nos permitan llevar estas estructuras a la desmovilización, el desarme y al sometimiento al estado de derecho”. Por otra parte, enfatizó en que lo que se le pide al ente investigador es que se “avance en suspensión de la captura de esas personas que participaran en las mesas de diálogo”.
“Queremos avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía para explicar que el argumento que exponen está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la ley 418 que acabamos de modificar”, dijo Prada en su declaración. De igual manera, manifestó que los decretos en los que se fundamentó el ente investigador para tomar su decisión fueron creados en 2012 y en 2015 “y no están diseñados para levantar órdenes de captura” para grupos sin estatus político.
Prada señaló que esa disposición de los pasados decretos son las que “acaban de cambiar por la ley 2272 de 2022″ y, según él, “la única manera de avanzar en la ‘paz total’ es el desmonte de las organizaciones que tiene estatus político y las que no”. El ministro dijo que dependiendo de las organizaciones “unas terminaran con acuerdos de paz y las otras con sometimiento a la justicia”.
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“De lo que se trata es aclarar a la Fiscalía el contexto en que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones que no se les está reconociendo estatus político”, señaló el vocero del Gobierno. Igualmente, señaló que esperan que en “las próximas horas y en los próximos días tener todos los elementos de juicio jurídico necesarios para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios”.
En su decisión, la Fiscalía fue clara al decir que los Grupos Armados Organizados, como las extintas Farc, los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y penitenciarios. “No es procedente, por parte de la Fiscalía General de la Nación como autoridad judicial, aplicar el Decreto 1081 de 20157, puesto que este está dirigido única y exclusivamente a los procesos de negociación y diálogo con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) a los que se reconoce estatus político”, dice la misiva.
“Desde el punto de vista jurídico-penal, que es el que vincula a la Fiscalía General de la Nación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y del Clan del Golfo (autodenominado como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc) no tienen un estatus político. La jurisprudencia ha precisado que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político. Así, la Corte Constitucional ha dicho que los grupos paramilitares, que por medios ilegales han buscado apoyar ilegítimamente al Estado, tampoco pueden ser considerados delincuentes políticos”, dice el documento.
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