El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las a...
El panorama financiero de los grupos ilegales en Colombia adquiere dimensiones preocupantes, según los últimos hallazgos del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (CREI), una iniciativa integrada por el Ministerio de Defensa con el fin de enfrentar la economía de las organizaciones criminales. De acuerdo con este comité, los ingresos anuales que obtienen tanto los grupos terroristas como las redes de crimen organizado ascienden a unos 40,5 billones de dólares. Esta cifra supera incluso el Presupuesto General de la Nación, que para 2026 está proyectado en 136.700 millones de dólares, una diferencia que revela la magnitud del fenómeno criminal frente a las capacidades formales del Estado colombiano.
El CREI, conformado el año anterior, ha trabajado en una evaluación exhaustiva de las fuentes de recursos ilícitos. Los datos recopilados, según reportó El Colombiano, comprenden las ganancias obtenidas no solo del narcotráfico, sino también de otras actividades ilegales como la minería no autorizada, la extorsión y el secuestro, entre otros. Al sumar todos estos rubros, los grupos armados superan los 149 billones de pesos, lo que evidencia el monto exorbitante que alimenta y perpetúa sus actividades.
Durante un evento en Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó la necesidad de rediseñar el enfoque de la lucha contra el crimen. Subrayó que "el problema de narcotráfico no solo se resuelve con armas", señalando que la estrategia institucional consiste en combinar la acción militar—con un 30% de intervención contundente—y en mayor medida, un 70% de esfuerzos estatales coordinados para debilitar la economía criminal desde sus bases. La declaración del ministro pone de manifiesto un reconocimiento oficial de que la fuerza pública, si bien necesaria, no es suficiente para frenar la expansión financiera de estos grupos.
Las cifras dadas a conocer por la Fiscalía General de la Nación agregan otro elemento de gravedad, mostrando que existen más de 2.000 organizaciones de crimen organizado operando en el territorio, con presencia tanto nacional—como es el caso del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)—como local, en barrios y comunas puntuales.
El estudio del CREI recomienda implementar políticas sociales y acciones integrales que disminuyan la dependencia de economías ilegales en comunidades vulnerables. Este fenómeno es especialmente crítico en regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca, Urabá, sur de Bolívar, Cauca y Nariño, donde para muchas familias, los ingresos derivados de actividades ilícitas constituyen la base de su subsistencia. La articulación de esfuerzos estatales y sociales busca mitigar este círculo, generando oportunidades alternativas que resten poder económico a los actores armados.
La situación pone en evidencia la resiliencia de las organizaciones criminales, capaces de reconstruirse rápidamente a pesar de los constantes operativos estatales. El reto, según los expertos, radica en afectar las fuentes estructurales de financiación, ir más allá de los golpes militares y promover cambios duraderos en las regiones donde persiste la influencia de las economías ilegales.
¿Por qué las economías ilegales tienen tanta presencia en algunas regiones de Colombia?
El arraigo de las economías ilícitas en ciertas zonas del país, como Catatumbo o Urabá, responde a circunstancias sociales y económicas particulares que dificultan el desarrollo de actividades legales. En muchos municipios, la ausencia de alternativas productivas, sumada a la escasa presencia estatal y al control territorial de los grupos armados, provoca que amplios sectores de la población vean en el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión su principal fuente de ingresos. Según el informe del CREI citado por El Colombiano, esto refuerza el ciclo de poder de las organizaciones delictivas y dificulta la consolidación de soluciones estructurales.
La importancia de entender este fenómeno radica en que únicamente abordando las raíces sociales y económicas que propician la dependencia de actividades ilícitas será posible encaminar políticas efectivas a largo plazo. Así, la intervención debe trascender lo militar e involucrar programas sociales, educativos y económicos que permitan a las comunidades acceder a alternativas legítimas y sostenibles.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
