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Un hecho que conmocionó a la ciudad de Pereira y a toda la región del Eje Cafetero colombiano ha derivado en una contundente actuación de la justicia. Un juez decidió enviar a prisión a Julián Cifuentes, quien admitió su responsabilidad en el homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe, ocurrido en 2024. La Fiscalía General de la Nación, como principal fuente informativa en este proceso, comunicó que Cifuentes no solo aceptó el cargo de homicidio agravado, sino también los delitos relacionados con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, además del ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas materiales.
La investigación ofrece detalles sobre la relación entre la víctima y el agresor: ambos se encontraban involucrados en la negociación de un vehículo. El 25 de abril de 2024, fecha en la que se reportó la desaparición del sacerdote en Pereira, marcó el inicio de un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante varios meses. Lamentablemente, los restos mortales de Darío Valencia Uribe fueron hallados solo hasta el 20 de septiembre en el municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, lo que confirmó las peores sospechas de las autoridades.
Los documentos de la Fiscalía señalan que Julián Cifuentes planificó el encuentro con el religioso bajo el pretexto de liquidar el pago de la camioneta. Fue en ese contexto que, según la acusación, Cifuentes disparó en repetidas ocasiones dentro del vehículo y posteriormente trasladó el cuerpo de la víctima a una zona rural apartada de Belalcázar para dificultar la labor de localización por parte de las autoridades. Sumado a esto, intentó borrar cualquier evidencia material al llevar el automotor a un lavadero con el fin de suprimir rastros de sangre y otras pruebas incriminatorias.
La dimensión internacional del caso emergió cuando, apenas cuatro días después del crimen, Cifuentes salió del país y viajó a Francia. Sin embargo, la alerta roja emitida por Interpol —la Organización Internacional de Policía Criminal— posibilitó su localización y posterior captura en territorio francés. Luego de complejos trámites judiciales, el extraditado llegó a Bogotá el 20 de noviembre, enfrentando ahora la justicia colombiana por estos hechos.
La prensa nacional, en particular Crónica del Quindío y la propia Fiscalía, han sido las principales fuentes que documentan los pormenores de este caso que evidencia las dificultades y retos que enfrentan las autoridades al esclarecer crímenes en los que los responsables intentan evadir la acción judicial utilizando rutas internacionales. Así, la extradición de Cifuentes se convierte en un precedente relevante para futuros procesos en los que el desplazamiento transfronterizo pretenda dificultar los esfuerzos de investigación y captura de los autores de delitos graves.
¿Cómo funciona el proceso de extradición en casos de homicidio en Colombia?
El procedimiento de extradición, en especial cuando se trata de delitos tan graves como el homicidio, adquiere gran importancia para garantizar que los responsables sean juzgados en Colombia. Una vez ubicado el sospechoso en el exterior, como ocurrió con Julián Cifuentes en Francia, la Fiscalía solicita la colaboración de organismos internacionales y de la autoridad judicial del país receptor para tramitar su regreso.
La emisión de notificaciones por parte de Interpol es uno de los instrumentos clave de esta cooperación. El proceso implica una serie de trámites legales y diplomáticos, incluyendo la presentación de pruebas y solicitudes formales, hasta que finalmente, si se aprueba la petición de extradición, la persona debe comparecer ante la justicia colombiana. Casos como el aquí descrito subrayan la importancia de la colaboración internacional en la persecución penal.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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