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En una audiencia ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal, la defensa de Felipe, quien se encuentra privado de la libertad en una estación de Policía tras ser señalado por homicidio, expuso su solicitud para modificar la medida de aseguramiento y que el joven sea trasladado a una clínica psiquiátrica. Según los argumentos presentados por el abogado defensor, Felipe sería portador de esquizofrenia; con el fin de respaldar esta aseveración, la madre del acusado aportó un documento que, según explicó, certifica su condición de salud mental. Ante este escenario, la defensa solicitó la intervención directa del Instituto de Medicina Legal, con el objetivo de que se evalúe si Felipe podría ser considerado inimputable debido a su estado de salud mental.
La fiscal encargada del caso se opuso a la petición, alegando que la defensa no contaba con los argumentos suficientes para respaldar el traslado del procesado. Precisó que el documento aportado corresponde a una fórmula médica y no a una historia clínica completa, lo cual, en su opinión, no constituye soporte adecuado para modificar la medida de aseguramiento. La juez a cargo recordó además que el certificado fue emitido por un médico general afiliado a la IPS Roque Armando López, quien carece de la competencia necesaria para diagnosticar trastornos mentales. Recalcó que el diagnóstico de una patología mental no puede realizarse en una única consulta médica general y que la prescripción de medicamentos psiquiátricos corresponde exclusivamente a un especialista en psiquiatría, quien es el profesional idóneo para hacer seguimiento y diagnóstico.
Ante la falta de respaldo clínico adecuado y tras constatar que el documento presentado por la defensa solo era una fórmula médica, la juez resolvió negar la solicitud, reiterando la importancia de que estos trámites cuenten con dictámenes emitidos por especialistas y bajo criterios técnicos reconocidos. Así, Felipe deberá permanecer bajo la medida de aseguramiento en la estación de Policía mientras avanza el proceso judicial en su contra.
De acuerdo con los hechos relatados por las autoridades y recogidos por medios como La Patria, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la carrera 9 bis con calle 10, donde Antony Leonardo, la víctima, compartía con amigos entre los que se encontraba Felipe y su pareja, Camila. Tras salir por un momento y volver a la casa, Felipe, presuntamente impulsado por los celos y la creencia de que su novia lo traicionaba, atacó con un cuchillo a Antony, propinándole varias heridas. La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada, y el agresor empleó una moto y pesas de cemento para asfixiar y golpear a Antony, quien finalmente falleció pese a ser trasladado de urgencia al hospital.
En el procedimiento policial realizado posteriormente, las autoridades hallaron en la vivienda sustancias como tusi, éxtasis, bazuco y ketamina, junto con elementos propios para la fabricación de drogas sintéticas y un arma hechiza tipo changón. Según el informe oficial, la pareja detenida se dedicaría al tráfico de estupefacientes. Por estos hechos, a Felipe se le imputaron cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, mientras que a Camila se le atribuyeron los dos últimos delitos.
¿Qué significa el concepto de inimputabilidad y cómo incide en los procesos penales?
El concepto de inimputabilidad adquiere un papel clave en casos donde se cuestiona la capacidad del acusado para comprender la ilicitud de sus actos o para autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión. En particular, este aspecto es examinado exhaustivamente cuando existen antecedentes de trastornos psiquiátricos, como en la defensa presentada en el caso de Felipe. La inimputabilidad es evaluada por entidades como el Instituto de Medicina Legal, que emiten dictámenes especializados para determinar si la persona investigada es responsable penalmente.
En el sistema judicial, cuando un acusado es declarado inimputable, pueden adoptarse decisiones alternativas a la reclusión penitenciaria, como tratamientos médicos en instituciones especializadas. No obstante, la determinación de inimputabilidad exige pruebas técnicas robustas y la intervención de profesionales especializados, garantizando así la protección de los derechos tanto del procesado como de las víctimas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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