El caso de la mujer se conoció este martes con el video en el que se ve cómo la Policía la retira casi a la fuerza de un local del Centro Comercial La Serrezuela de Cartagena, pese a tener a su hija en brazos.
Aunque la mujer reclamaba por su liquidación, no se conocían demasiados detalles al respecto hasta que ambas partes dieron su versión en diálogo con La W.
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Primero fue Jon Sonen, el dueño del local que dijo no haber estado enterado de la visita de la que fue su empleada. Asimismo, mostró la copia de una consignación judicial por 3’002.500 pesos, efectuada en el mes de septiembre, cifra que, según él, es la que realmente se pagó, “y no por 2 millones como dice la señora”. Esa misma la publicó en la cuenta de Instagram, con un comunicado en el que detalla que el contrato de Álvarez terminó en octubre del 2020 y lamenta que hubiera sido sacada esposada del local:
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Según él, “ella ha iniciado un proceso de demanda donde ha exigido valores diferentes a los que la ley indica”, y dice que no se transfirió el dinero directamente porque se trata de un depósito judicial. “Ella no quiso recibir los dineros adeudados por este valor, es ahí donde existe esta disputa laboral”, subrayó.
Sonen añade que ella no trabajó en el almacén donde reclamó, y aprovecha para decir que debería haber reclamado en la sede principal de Barranquilla, aunque la contratación se dio en el almacén principal de Cartagena. Por último, indicó que no fueron sus empleados los que pidieron que a la señora la retiraran esposada, aunque la Policía sí informó que acudió a un llamado de parte de ellos.
Wendy Álvarez dice que no le han pagado lo que corresponde
Cuando Sonen terminó de hablar con los periodistas de La W, la mujer amplió su versión y dio detalles a los que el empresario debería haber respondido, pero que no volvió a atender, empezando porque dice que sí fueron los empleados los que llamaron a la Policía y que incluso le impusieron un comparendo por ello.
Álvarez dice que nunca se negó a que le paguen la liquidación, sino que pide “lo que le corresponde”. Esto, según ella, se debe a que inicialmente le hicieron una relación por 2 millones de pesos, pero al hacer sus cálculos encuentra que ese no es el valor correcto. Entonces reclamó y le dieron una nueva liquidación “con reajuste por 4’467.000 pesos”.
Sin embargo, da a entender que después no le respondieron por ninguno de esos valores y por eso es que a principios del 2022 volvió a iniciar acciones para que se le pagara lo que le dijeron. Ese es el proceso que derivó que en septiembre le hicieran el pago por poco más de 3 millones de pesos, que ella tampoco aceptó.
Las otras acusaciones de irregularidades laborales contra Jon Sonen
No obstante, en el relato de Álvarez hay otras denuncias de graves irregularidades que incluso todavía persistirían y habrían derivado en que se sellara el local donde ocurrió el escándalo.
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Según ella, cuando era empleada “la empresa, como no cancelaba, la EPS me desafiliaba porque estaba en mora”. Además, dice que fue solo a través de una tutela que tuvieron que afiliarla. Por ese impago de seguridad social, la mujer tendría un proceso contra la empresa desde el 2020. Esto también le habría ocasionado problemas para que la atendieran cuando iba a dar a luz:
“Para que me realizaran mi cesárea tuve que imponer tutela porque el señor Jon Sonen de sorpresa me sacaba de la seguridad social y no me afiliaba”, acusa.
A raíz de eso el propio Sonen la habría encarado: “Fue al almacén en una oportunidad a decirme que él era el que me daba de comer”.
La mujer también recordó que solo le dieron contrato una semana después de empezar a trabajar y que su despido supuestamente fue por justa causa al negarse a ser trasladada a Yopal, pero ella señala que su contrato no decía que debía viajar.
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