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La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 12 antiguos integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar marca un hecho sin precedentes en la trayectoria de la justicia transicional en Colombia. Según información recopilada por El Pilón, estos exmilitares recibieron sanción derivada de su participación en 135 homicidios y desapariciones forzadas, entre los años 2002 y 2005, en los departamentos de Cesar y La Guajira. Estos crímenes, presentados de manera fraudulenta como bajas operacionales, se inscriben dentro del fenómeno de los “falsos positivos”, una de las prácticas más atroces que ha sacudido la historia reciente del conflicto armado colombiano.
La sentencia no solo esclarece responsabilidades individuales, sino que además evidencia, con respaldo documental, la existencia de una estructura institucional que facilitó patrones de colaboración entre fuerzas de seguridad estatales y organizaciones paramilitares. Este marco institucional permitió la comisión sistemática de violaciones a los derechos humanos, afectando a sectores históricamente vulnerables, incluidos campesinos, indígenas (Kankuamo y Wiwa) y afrodescendientes. El acto simbólico de entregar la sentencia en una mochila arhuaca, relatado por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, resalta la dimensión ética y cultural que la entidad busca imprimirle a las acciones de restauración y memoria.
El fallo de la JEP trasciende la condena penal, al imponer a los responsables la puesta en marcha de seis iniciativas restaurativas, creadas en concertación con las víctimas. Entre las propuestas más emblemáticas está la edificación de un mausoleo con 700 osarios en Valledupar y la apertura de centros culturales en las zonas afectadas. Esta vía procura garantizar que los sancionados se involucren activamente en el resarcimiento del daño y que la dignidad de las víctimas sea protegida, dentro de un esquema de memoria histórica y prevención de recaídas violentas. El acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la supervisión de estos proyectos refuerza el peso internacional y la transparencia del proceso.
No obstante, permanece como reto central la localización e identificación de los desaparecidos, dado que trece familias continúan esperando respuesta sobre el paradero de sus seres queridos. De acuerdo con lo señalado por la magistrada Ana Manuela Ochoa a El Pilón, los efectos negativos de procedimientos administrativos y las condiciones inadecuadas durante los traslados han dificultado el rescate y la conservación de restos óseos.
En este contexto más amplio, la justicia postconflicto en Colombia exige respuestas integrales que combinan reconocimiento, reparación y memoria, tal como lo han expuesto voces expertas como Pablo de Greiff, relator especial de la ONU. Los análisis de Human Rights Watch, citados en 2023, destacan que los castigos que incorporan enfoques restaurativos y participación comunitaria contribuyen a evitar la revictimización y consolidan la paz a largo plazo. Simultáneamente, la persistencia de la labor periodística y herramientas digitales —promovidas por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)— han sido determinantes para esclarecer casos y fortalecer la transparencia judicial, al brindar acceso a bases de datos abiertas y fuentes verificadas.
Esta determinación de la JEP se convierte en referente para otros procesos similares, al integrar sanción, verdad, restauración de derechos y memoria; todo ello enfocado en sanar heridas colectivas causadas por el conflicto armado y en impedir que sus patrones nefastos se repitan. La articulación entre justicia, ética institucional y protagonismo de las víctimas reafirma la obligación moral y legal de Colombia de no olvidar y de cimentar la reconciliación en verdad y dignidad.
¿Qué significa la justicia restaurativa en el contexto colombiano?
A raíz de la sentencia dictada por la Jurisdicción Especial para la Paz, se ha debatido sobre el papel de la justicia restaurativa en el proceso de transición que atraviesa Colombia. Este modelo jurídico no se concentra únicamente en castigar a los responsables, sino que prioriza la reparación integral a las víctimas y la participación directa de las comunidades en la reconstrucción del tejido social. En la práctica, esto se concreta en proyectos colaborativos y en la creación de espacios de memoria pública, como mausoleos y centros culturales, que buscan devolver dignidad y propiciar la reconciliación entre afectados y responsables.
Su importancia radica en que, según análisis de Human Rights Watch y el propio marco de la JEP, la inclusión activa de las víctimas en los procesos de justicia posibilita una sanación más profunda y genera garantías de no repetición. Es un enfoque que reconoce el daño causado, facilita procesos de diálogo y permite sentar bases más sólidas para la paz y la superación de conflictos históricos.
¿Por qué la memoria histórica es un componente esencial en las decisiones de la JEP?
Frente a un conflicto armado que ha atravesado generaciones en Colombia, la construcción de memoria histórica es indispensable para comprender y documentar la magnitud de los crímenes. Las sentencias de la JEP no solo responden jurídicamente, sino que buscan explicar los patrones de violencia y promover el rechazo social de prácticas como los “falsos positivos”. Además, la memoria histórica actúa como mecanismo de prevención, ya que visibiliza las experiencias de las víctimas, facilita la reivindicación de sus derechos y fortalece la conciencia colectiva sobre la necesidad de erradicar estas violaciones.
La apuesta por la memoria, recomendada por entidades como la ONU y practicada por organizaciones de periodismo investigativo como CLIP, es vista como una garantía para que estos hechos no caigan en el olvido, permitan procesos de aprendizaje social y respalden la búsqueda de justicia, verdad y reparación en una sociedad que aspira a la paz y al respeto de los derechos humanos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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