El tribunal le ordenó a la alcaldía de Yopal que por seis meses se “abstenga de expedir licencias de urbanismo por obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación” del terreno.

Esto porque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio “modificó el uso del suelo del cementerio” y la JEP sospecha que no se ha ejecutado “la prospección y exhumación de todos los cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado que se presume que se encuentran allí”.

Por eso, el tribunal le dio a la Fiscalía 45 días para presentar un cronograma con los tiempos para el “abordaje general” del antiguo cementerio de Yopal, con el objetivo de identificar lugares en donde puedan encontrarse cuerpos de personas desaparecidas.

La sala conoció el traslado de alrededor de 150 cuerpos de personas sin identificar que se encontraban allí. De estos, solo 66 fueron reubicados en el nuevo camposanto. Los cuerpos restantes fueron enviados a distintos lugares, según conoció la JEP.

Fue entonces que ordenó a Medicina Legal en Yopal y Tunja, y al CTI de Bucaramanga custodiar los cuerpos exhumados hasta que la Fiscalía o la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se encarguen de los casos.

La orden es la segunda acción en pocos días que anuncia la JEP para proteger los cementerios sospechosos de albergar los cuerpos de personas desaparecidas.

No es el único caso

El tribunal también anunció que abrió un proceso contra el alcalde de San Onofre, Sucre, por no proteger los cementerios en donde se presume “habría personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado”.

También se “abrió el incidente ante el desacato a las órdenes impartidas en noviembre de 2019 y el vencimiento de los términos judiciales”.

La medida se tomó dentro de las medidas cautelares que la Sección estudia tomar por la solicitud de un grupo de víctimas, en 17 lugares del país donde presuntamente habría víctimas.

Específicamente ordenó a la Alcaldía administrar y actualizar la información sobre los cementerios que reposan en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no identificados (SIRIC) que le fue entregado.

También ordenó el diseño de planes para proteger el cementerio, regularizar la titularidad del predio en el que se encuentra el cementerio y reconstruir el monumento de memoria a las víctimas.

Hasta el momento, la Alcaldía de San Onofre no ha cumplido con esos requerimientos y por eso se abrió el “incidente de medidas correccionales”, que pueden ir desde sanciones de multa hasta arrestos.