Según el comunicado de la organización, esos datos los obtuvieron de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional y por eso pidió al Gobierno garantizar la vida e integridad de los reporteros.
Los nuevos casos de espionaje incluyen a los venezolanos Ibéyise Pacheco y Alberto Ravell y el fotógrafo francés Damien Fellous.
Entre los afectados también están el fotoperiodista Gerald Bermúdez, colaborador del medio digital Cuestión Pública; Javier Alexander Macías, del diario El Colombiano; Gustavo Rugeles, del portal El Expediente, y Julián Martínez, quien ha trabajado, entre otros, en Noticias Uno.
El listado lo completan periodistas de medios regionales como Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus, además de dos reporteros que, según la FLIP, “o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos”.
Ellos se suman a los 38 periodistas que se habían documentado en mayo, después de conocer la publicación ‘Carpetas secretas’ de la revista Semana. A la fecha el balance de la FLIP asciende a 52 periodistas perfilados.
La FLIP indicó que dentro de los nuevos hallazgos de la investigación “llama la atención que existen indicios sobre el uso de tecnología invasiva para la realización de los perfilamientos. En la investigación hay oficios del Ejército en los que se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry”.
La información indica que “a uno de estos planes se le denominó ‘Proceso Operacional Troya’, a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización”.
“En algunos casos el perfilamiento incluía información de familiares y fuentes a quienes los organismos judiciales también deben reconocer como víctimas” y la Fiscalía debe garantizarles los derechos, agregó.
En el texto, la FLIP también reprochó que el Ministerio de Defensa haya respondido con evasivas el derecho de petición que se le envió sobre este caso y en cambio enviara “respuestas parciales” que solo reproducen la ya conocida posición del Gobierno frente a los hechos, “pero evade responder preguntas fundamentales como la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados, los niveles de decisión en que se ordenaron los perfilamientos y las personas que tuvieron acceso a dicha información“.
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