En un extenso comunicado, la FLIP se unió a las voces de rechazo contra este delito que se volvió recurrente en Colombia. La Fundación señaló que se agudizó esta práctica “de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal”.
Además, porque son acciones de la democracia que debería existir en el país, pues van contra la libertad de prensa y “son propias de regímenes autoritarios”, atentando contra el derecho a informarse que tiene la sociedad.
Lo que preocupa de esta ocasión es que la inteligencia militar incluya “anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley” y se volvió constante que los etiqueten según los artículos que publiquen y calificando “contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra”, como ya había sucedido hace algunos meses con una ‘lista negra’ en Twitter”.
El texto también destaca que recolectar información sensible que incluye datos privados y de familiares de los periodistas, “viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia”.
Son muchos los periodistas nacionales e internacionales incluidos allí, son al menos 30 entre los más de 100 personajes identificados en dichas carpetas.
Pero el texto de la FLIP no se queda en preocupación, sino que va a señalamientos como que “estos hechos eran de conocimiento del ministro de defensa Holmes Trujillo, de la Fiscalía General de la Nación y de la actual cúpula militar, por lo menos desde enero del 2020” y cuyas medidas solo se conocieron hasta hace pocas horas con la salida de 11 oficiales del Ejército; al tiempo que resaltó que tampoco se conocen avances de la investigación de la Corte Suprema de Justicia.
Tal como lo menciona la Fundación, en enero se supo sobre estas prácticas ilegales entre militares, pero no se conocía ninguna sanción y por eso agregó:
“El comunicado del Ministerio de Defensa resulta insuficiente toda vez que califica estas actividades como ‘irregularidades’ cuando en realidad se trata de graves violaciones a los derechos humanos en general y a la libertad de prensa en particular. Para la FLIP no existe aún una respuesta sobre el objetivo por el cual se procesó y analizó esta información para la elaboración de perfilamientos. No guarda relación con los fines y límites de las labores de inteligencia”.
Pero fue más allá y pidió exigió al Gobierno explicaciones públicas que incluyan “como mínimo” varios aspectos:
1. El origen de la iniciativa de perfilamiento y vigilancia a periodistas.
2. El propósito de dicha práctica.
3. Las instancias militares y políticas que tuvieron acceso a la información recopilada.
4. La posición del Jefe de Estado con respecto a esta denuncia.
5. Que especifiquen qué hallazgos encontraron para apartar del cargo a 11 oficiales.
6. Las acciones que va a emprender para asegurarse de que cesen estas prácticas dentro de la fuerza pública.
En el texto se le envió un mensaje al Ejército Nacional para que se asegure de que sus integrantes “sepan que la evaluación de contenidos periodísticos es un fuero exclusivo del poder judicial en el marco de procesos públicos y transparentes”.
Por último, apuntó que en conjunto con el Comité para la Protección de Periodistas elevó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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