Con la muerte del líder de las disidencias de las Farc, alias Jesús Santrich, parecía que su nombre iba a desaparecer del panorama nacional. Sin embargo, en la noche de este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que presentará un informe sobre las irregularidades que habrían cometido funcionarios de la Fiscalía durante el proceso de garantía de no extradición de Santrich, quien fue solicitado por la Fiscalía y la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

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“Con base en un informe de una comisión de magistrados del Tribunal Especial para la Paz, y por solicitud de la plenaria de la Jurisdicción, el Presidente de la JEP informa que en los próximos días presentará ante las autoridades judiciales y disciplinarias las denuncias por las conductas de algunos funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía General de la Nación y particulares en relación con el proceso de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado.

El informe de la comisión de magistrados, dice la JEP, señala que se pudieron cometer delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP.

“Debe recordarse que el señor Hernández Solarte fue expulsado de la JEP, luego de haber abandonado el proceso de paz e incumplido sus obligaciones con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. La JEP fue víctima de interferencias, omisiones y actuaciones mal intencionadas, que por lo mismo deberán ser examinadas por las autoridades competentes a las cuales se les entregará la información recaudada”, concluyó la JEP.

El lío del caso Santrich

En mayo de 2019, la JEP pidió la libertad de Jesús Santrich, y le otorgó la garantía de no extradición. El exjefe guerrillero, quien llevaba más de un año en la cárcel tras ser acusado de participar en un envío de cocaína a Estados Unidos. La Sección de Revisión de la JEP decidió en ese momento que no se puede comprobar que el delito que le atribuían a Santrich se haya cometido después del Acuerdo de Paz, como establecía el Acuerdo de Paz con las Farc.

La garantía de no extradición es un tratamiento especial para los excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz no sean extraditados por delitos cometidos antes del 1º de diciembre de 2016, cuando el Congreso ratificó este pacto entre la extinta guerrilla y el Gobierno Nacional. Por este motivo, solicitó a la Fiscalía la libertad inmediata de Santrich.

La decisión tuvo que ver fundamentalmente a que “el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”, dijo el entonces presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla.

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