La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) informó, este martes, que decidió imputarles cargos a diez miembros del Ejército nacional y a otra persona por las ejecuciones de civiles denominadas como ‘falsos positivos’, caso en el que este tribunal investiga hasta 6.402 asesinatos.
“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo”, Norte de Santander, explicó en rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz Gómez.
La JEP dijo que este es el primero de “por lo menos seis autos” que emitirá dentro de la etapa de investigación del proceso por la muerte de al menos 6.402 personas, sobre todo durante el gobierno del expresidente Álvaro, y que son atribuidas a miembros del Ejército para presentarlas como guerrilleros muertos en combate a cambio de incentivos.
La sala consideró que estos hechos “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos, sin la política de incentivos y sin la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate y sin la estigmatización de la población civil”.
Entre los once imputados, según un comunicado, se encuentra el general Paulino Coronado Gámez, que fue comandante de la Brigada 30, y dos coroneles: Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, excomandantes de la Brigada Móvil No. 15.
Además, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la Brim-15, y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del Bisan.
En la lista de imputados figuran los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca): el capitán Daladier Rivera Jácome y el sargento Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento Sandro Mauricio Pérez Contreras; jefe de la sección de inteligencia del Bisan, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la Brim-15 y al tercero civil Alexánder Carretero Díaz, que trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
La JEP aseguró que estas personas “contribuyeron de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad”, y que la evidencia muestra que los 11 son “penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida, y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada”.
Como el tribunal no imputa penas privativas ni individuales, estas personas tienen 30 días hábiles para rechazar las acusaciones o reconocer los hechos y aceptar su responsabilidad, y por eso el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, lanzó una advertencia.
“O aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la Justicia Transicional”, comentó.
El magistrado @EcifuentesMu, presidente de la JEP, aseguró que los militares y el tercero civil imputados en el auto, "o aceptan la responsabilidad o se exponen a un juicio, y si resultan culpables, serán sancionados con las penas de la Justicia Transicional". pic.twitter.com/Vh5gnGCwzY
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
"Las desapariciones y asesinatos tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por “bajas” a “como diera lugar” para satisfacer el indicador oficial de éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos": magistrada Díaz pic.twitter.com/uwgGyZwunL
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 6, 2021
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