El excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya y ocho militares más fueron imputados por la Jurisdicción Especial para al Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad, particularmente en 130 casos de falsos positivos ejecutados en el oriente de Antioquia.
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De acuerdo con la JEP, la Sala de Reconocimiento de esa jurisdicción documentó que las unidades tácticas pertenecientes a la IV Brigada del Ejército “asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas en 16 municipios de Antioquia”, entre ellos, San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.
También determinó que el fenómeno criminal conocido como falsos positivos se inscribió en la política de la IV Brigada del conteo de cuerpos. Es decir, la imposición de las muertes en combate como único indicador de éxito militar.
“En la Brigada IV la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar “muertes en combate” como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército”, indicó la JEP, que estableció que la obligación impuesta por el general Montoya como comandante de la IV Brigada, de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente.
Para ese tribunal, la presión fue ejercida por el entonces comandante de la Brigada, el general Montoya y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez.
En el caso del general Montoya, la JEP lo imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por mentir sobre el número de bajas y encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza.
Por los mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del BAJES.
Como coautores de esos delitos fueron imputados el comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales; el comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal Chisco, y el comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro; el comandante de la batería Cañón, subteniente José Alejandro Ramírez; el comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Germán Guzmán Patiño y el soldado regular Óscar Iván Mayo Marulanda.
La imputación contra Montoya y los otros militares se da, de acuerdo con la JEP, en el marco del Subcaso Antioquia I, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño.
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