Después de cinco años, la exsenadora del Partido de la U, Zulema Jattin Corrales, es una mujer libre. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tumbó la medida de aseguramiento en casa que pesaba en su contra luego de que, en 2017, fuera acusada por presuntamente asociarse con paramilitares en Córdoba para crecer en la política, a cambio de poner su función pública al servicio de los criminales. Jattin se ha comprometido a contar la verdad del conflicto y eso le permitió obtener el beneficio de la libertad transitoria.
La hipótesis contra Jattin se remonta a 2001 y se habría extendido hasta 2007, cuando inició la investigación de la Corte Suprema de Justicia. Se cree que conocería el andamiaje criminal de las autodefensas en Córdoba, que cooptaron la política en municipios enteros y persiguieron ciudadanos y movimientos sociales e indígenas considerados afines a la guerrilla. El año pasado fue aceptada en la JEP, pues aseguró que contaría toda la verdad de estas relaciones, que incluyen sectores empresariales y hasta religiosos.
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Durante el año que Jattin estuvo vinculada a la JEP, intentó quedar en libertad. Luego de diversas negaciones, logró que la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz considerara los aportes a la verdad del conflicto que ha realizado. En audiencias, hasta ahora reservadas, ha entregado el nombre de alcaldes de Córdoba vinculados con el paramilitarismo, que a la fecha no han sido procesados en la justicia. Ha explicado, incluso, cómo las autodefensas controlaron en la región la forma de vestir, la movilidad y la libertad de expresión en municipios como Las Palomas, Tierra Adentro o Valencia.
“Señaló como patrón recurrente el desvío de recursos del sector de la salud, en el año 2003. Señaló que Mario Prada (exalcalde de Valencia investigado por parapolítica) participó en las elecciones de 2006 (para la Gobernación de Córdoba) y que era conocido que tenía vínculos familiares con alias Diego Vecino y personales con Diego Fernando Murillo (…) Adujo que a pesar de que miembros de partidos políticos estuvieron involucrados con paramilitares, la responsabilidad de los partidos políticos no ha sido investigada ni estudiada”, se lee en la decisión de la JEP.
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Zulema Jattin, además, habló de la persecución mortal contra los abogados que se negaban a aplicar en los procesos las condiciones impuestas por el paramilitarismo. Asimismo, aseguró que en la Universidad de Córdoba fueron ubicadas fichas afines a las autodefensas, incluso en los cargos de dirección. Que los jefes paramilitares persiguieron a los sindicatos. La JEP concluyó que los aportes han sido valiosos, pero que espera mucho más de aquí a futuro.
Por ejemplo, Jattin deberá informar sobre las actividades de sabotaje de los procesos de paz adelantados por el Gobierno con grupos guerrilleros, por parte de la clase política afín al proyecto paramilitar. Además, la consolidación de alianzas de jefes de las autodefensas con la Fuerza Pública. Asimismo, responder cómo los “parapolíticos” recibieron respaldo por parte de empresarios regionales, nacionales y extranjeros, que aportaron millonadas a las campañas locales y departamentales.
“Realizar un relato amplio y consistente sobre el particular interés de hacerse con los recursos de la salud en los municipios a través de los Centros de Atención Municipal y de la Secretaría Departamental de Salud, las distintas acciones llevadas a cabo para esa tarea y su proyección en el tiempo en fenómenos como el ‘cartel de la hemofilia’ (desfalco a los recursos de salud por el cual es investigado el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile)”, se lee en la decisión.
Y, en otro aspecto llamativo, la JEP le solicitó a Jattin ahondar en lo siguiente: “Ante la referencia sobre omisiones de denuncia de un miembro de la Iglesia Católica, ahondar en el papel de esa institución y otras de carácter religioso que hacen presencia en la región, incluyendo el apoyo a ideologías políticas afines al proyecto paramilitar”. Por ahora, la excongresista del Partido de la U puede salir de su casa a disfrutar la vida en libertad.
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