La información fue confirmada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que por medio de un comunicado dijo que estas cinco personas son integrantes de la comunidad LGBTI, y que fueron víctimas de amenazas, torturas, secuestro, violencia sexual, tentativa de homicidio y otros delitos durante el conflicto armado colombiano.

Estas personas sufrieron hechos de persecución y discriminación relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, con ocasión del conflicto entre 2005 y 2012.

La JEP recibió en marzo pasado una solicitud de la Corporación Caribe Afirmativo que denunció “un patrón de amenazas, hostigamientos, violencia sexual, detenciones arbitrarias y tentativas de homicidio” en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Padilla y Villa Rica por parte de la desmovilizada guerrilla de las Farc, así como de integrantes de la fuerza pública.

Discriminación por orientación sexual en Colombia

Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, “dichos crímenes pueden constituir un delito de lesa humanidad cuando se cometan de manera generalizada o sistemática”, y determinó que “la discriminación contra la comunidad LGBTI por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género constituye una grave violación a los derechos humanos”.

Un informe de Caribe Afirmativo entregado a la Comisión de la Verdad recogió que con la llegada de los grupos armados a muchos territorios, la violencia contra la comunidad LGBTI se exacerbó y fue utilizada como “una ventaja estratégica importante en la disputa territorial con los demás actores”.

Según un estudio del Centro de Memoria Histórica, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales han sido violentados en el conflicto por todos los actores armados, y su identidad sexual y de género ha sido motivo de la agresión.

En el país, este tipo de violencia ha sido clave en para instaurar órdenes sociales en los que con “discursos de limpieza y control social” esta población ha sido estigmatizada, perseguida y amenazada, lo que se agrava por el silencio de las víctimas.

Por esa razón, la JEP reconoció que aceptar a estas cinco personas es un paso más para garantizar el enfoque diferencial y de género en la justicia, y para evitar la revictimización teniendo en cuenta “que en el contexto de la guerra la población LGTBI ha sido una víctima invisibilizada”.