Mediante una carta firmada el 27 de octubre de 2022, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Carlos Arias, le pidió a la procuradora general, Margarita Cabello, que ponga en marcha una investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En la misiva, el magistrado argumenta que la alcaldesa debe ser investigada por sus constantes intromisiones en la justicia y sus ataques a los jueces.

Los hechos por los que el magistrado pide que investiguen a la mandataria tienen que ver con los señalamientos que hizo la alcaldesa el pasado 27 de octubre cuando presentó el desmantelamiento de tres bandas y la captura de alias ‘Leidy’, en Bogotá. Allí, López aseguró que “la rama de la justicia, no podía seguir favoreciendo la impunidad”, explicó Arias en la carta.

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“Tenemos un desafío muy grande que se llama impunidad. Casi 800 ladrones hemos capturado en el transporte público y al 80 % lo han dejado libre. Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a tener dificultades, por más esfuerzos que hagan las autoridades e incluso la ciudadanía, que denuncia a estos criminales. La rama de la justicia no puede seguir siendo la rama de la impunidad”, aseguró Claudia López en su momento.

Por estas declaraciones, el magistrado aseguró que López desconocía la Constitución colombiana, ya que afirmaba que los problemas de seguridad que vive la capital son consecuencia directa de los problemas de la rama judicial. Arias afirmó que la alcaldesa incurrió en infracciones disciplinarias “al afirmar que los problemas de seguridad de la capital de la República radican, entre otras razones, en el deficiente funcionamiento del sistema judicial”.

El togado se refirió a las expresiones usadas por Claudia López como “expresiones que, además de carecer de todo respaldo, es una clara intromisión en el ejercicio de la función judicial con miras a desacreditarla y desviar las verdaderas razones de la inseguridad”, según una carta revelada por Caracol Radio.

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Sobre estos hechos también se refirió mediante un comunicado la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. La Comisión le pidió a la alcaldesa “ponderar sus palabras, en sus justas dimensiones, conforme al ordenamiento legal positivo y con respeto a la autonomía e independencia de los poderes públicos, sin que ello implique restringir o limitar el ejercicio fundamental al derecho de expresión o de contradicción de las actuaciones judiciales”.

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