La Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de funcionarios que aún están por determinar de la Alcaldía de Cali, por presuntas irregularidades en la firma de múltiples contratos por más de $63 mil millones con Christian Moreno Herrera, quien tendría un parentesco en cuarto grado de consanguinidad con el actual mandatario de la ciudad, Jorge Iván Ospina Gómez.

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El Ministerio Público indaga si en este caso se habría vulnerado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la suscripción de esos contratos, que habrían sido adjudicados entre 2020 y 2022 y en los que aparentemente Moreno Herrera cumplía funciones como socio o representante legal de los consorcios y uniones temporales que resultaron favorecidos.

Las indagaciones de la Procuraduría dan cuenta que, al parecer, esos compromisos fueron suscritos con diferentes entidades adscritas a la Alcaldía de Cali, como las secretarías del Deporte y la Recreación, así como la de Vivienda Social y Hábitat, el Departamento Administrativo de la Gestión del Medioambiente y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público revisará los documentos de estructuración, observaciones y contratos suscritos por la alcaldía con Moreno Herrera entre el 2020 y el 2022, en los que habría actuado como persona natural, socio o miembro de consorcios y uniones temporales o representante legal de empresas contratistas.

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Igualmente, el órgano de control pedirá las delegaciones contractuales firmadas por el alcalde Jorge Iván Ospina a las entidades que otorgaron los contratos, así como también solicitará información a la Registraduría Nacional del Estado Civil relacionada con el mandatario local y el contratista Moreno Herrera para verificar si en efecto existe algún relacionamiento familiar. Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca identificar a los posibles autores de la aparente falta disciplinaria.

La decisión de la Procuraduría se conoce días después de que la Contraloría ordenó embargar las cuentas del mandatario porque encontró “irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras”. La entidad estima que por estos hechos hay un presunto detrimento patrimonial de $ 1.854.603.709.

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