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La ciudad de Cali vuelve a encender las alarmas tras el más reciente episodio de invasión en los lotes 10 y 12 del sector Chipichape, un hecho que pone de manifiesto la gravedad de un fenómeno que trasciende los temas legales y adquiere tintes claramente criminales, según fuentes citadas en Diario Occidente.
Estas invasiones dejan de ser simples ocupaciones improvisadas para convertirse en operaciones detalladamente organizadas, donde el uso de maquinaria pesada, cerramientos y obras de adecuación no son excepción, sino la norma. Incluso cuando los terrenos están sujetos a procesos judiciales sobre su propiedad, las ocupaciones avanzan, lo que sugiere la existencia de redes sistemáticas que aprovechan los vacíos o demoras institucionales.
Más allá del hecho mismo de la invasión, el elemento de intimidación constituye uno de los aspectos más preocupantes de la situación. Las personas que denuncian estos actos solicitan el resguardo de su identidad debido al temor fundado de sufrir retaliaciones. Este ambiente de inseguridad propicia un silencio generalizado donde se antepone la autoprotección sobre la denuncia pública, debilitando la percepción de autoridad y la vigencia del Estado de Derecho.
El impacto de las invasiones es multidimensional: se vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada, se produce un desorden urbanístico y se propicia la proliferación de asentamientos precarios, lo que en el argot urbanístico se conoce como procesos de “tugurización”. Según el análisis de Diario Occidente, esto suele derivar en ventajas operativas para organizaciones delictivas.
Este problema no es reciente ni localizado; la expansión desordenada de Cali y el fortalecimiento de estructuras ilegales en diferentes territorios obedecen, en buena parte, a décadas de falta de intervención decidida frente a la ocupación ilícita de tierras. El costo social y ambiental es alto: testigos han denunciado que solo en Chipichape se talaron cerca de 2,000 árboles, acciones que afectaron áreas consideradas espacio público, lo cual agrava los riesgos para la ciudad especialmente en temporadas de lluvias.
En este contexto, argumentar que se trata de meros litigios privados es una interpretación peligrosa, pues la responsabilidad estatal no se diluye por la naturaleza privada de la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es una función esencial del gobierno y su inacción envía un nefasto mensaje según el cual el uso de la fuerza puede prevalecer sobre la ley.
La situación empeora con las denuncias de mafias asociadas al narcotráfico que aprovechan el caos, venden tierras de forma ilegal y utilizan la violencia para consolidar su dominio territorial. Así, Cali enfrenta un reto extendido en el tiempo, pero que hoy muestra dimensiones especialmente críticas.
El temor de quienes han sido afectados, el constante silencio de los denunciantes y la falta o debilidad en la reacción de las autoridades conducen a una reflexión crucial: ¿hasta qué punto la ciudad está paralizada por el miedo ante estas mafias?
¿Qué es la “tugurización” y por qué se menciona en la problemática de las invasiones urbanas?
El término “tugurización” hace referencia al proceso mediante el cual surgen asentamientos informales, precarios e insalubres en zonas urbanas, resultado del crecimiento desordenado. Este fenómeno suele presentarse cuando se carece de planificación urbana y se consienten ocupaciones ilegales, como señala el informe de Diario Occidente sobre las invasiones en Cali.
La relevancia de este término en el contexto de Chipichape estriba en que la presencia de estos asentamientos no solo afecta la calidad de vida de la población que los habita, sino que también degrada el entorno urbano, eleva la inseguridad y facilita el accionar de bandas criminales, lo que complica aún más la recuperación del control institucional sobre los territorios afectados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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