El exrepresentante tiene un proceso abierto en la Corte Suprema por el delito de soborno en actuación penal, relacionado con el mismo caso de Álvaro Uribe, y al que lo vincularon justamente cuando se ordenó la detención preventiva del expresidente en agosto de 2020.
Ahora, el exrepresentante a la Cámara presentará su petición oficial al alto tribunal para que remita su caso a la Fiscalía General, donde ya se pidió la preclusión del proceso contra Uribe.
Álvaro Hernán Prada dijo que no había renunciado porque estuviese asustado, como lo insinuó el senador Iván Cepeda al decir que le estaba huyendo a la Corte, sino que quería mostrar su inocencia. Su dimisión se da días antes de que se decida si lo llaman a juicio en el proceso.
Pese a eso, cuando presentó su renuncia Prada expuso que tenía la intención de volver al Congreso pero como senador, lo que podría darse en las elecciones del 2022.
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Por eso, el Instituto Anticorrupción (IA) hizo un llamado a la ciudadanía “a
reflexionar alrededor de su corresponsabilidad como votantes y ciudadanos activos en propender por un sistema democrático cuyas ramas del poder público actúen de forma íntegra e independiente“.
En un comunicado, este grupo señaló que “los congresistas de elección popular deben ser estandarte de la ética pública” y que por eso “la transgresión a sus deberes y su involucramiento con conductas ilegales requiere no solo la reacción firme del sistema judicial sino también la sanción social de todos los colombianos”.
El IA rechazó la renuncia de Prada por su intención de “eludir la competencia de la Corte Suprema” y ser investigado por una Fiscalía que “no brinda las garantías suficientes para la imparcial judicialización de este caso”, pues el jefe de la entidad, Francisco Barbosa, es cercano al Centro Democrático, partido al que pertenece el político.
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Los integrantes del instituto consideran que eso envía un grave a la mensaje a la ciudadanía sobre que “la justicia ordinaria parece ser más conveniente a los intereses de los excongresistas” y pone en duda la credibilidad del sistema judicial sobre “la efectiva investigación y sanción a aforados […] aumentando los riesgos de impunidad en la judicialización de delitos de corrupción y otro tipo de delitos”.
Adicionalmente, el documento recuerda que en el último año, los exsenadores Álvaro Uribe Vélez y Eduardo Pulgar también renunciaron a sus curules en el Senado de la República en circunstancias similares, que considera “conductas que debilitan la institucionalidad del sistema judicial y deterioran el sistema de pesos y contrapesos en Colombia”.
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