El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Las expectativas en torno a la publicación del informe anual sobre los cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína en Colombia, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), han cobrado especial relevancia en 2024. Este reporte es considerado una referencia fundamental para medir el avance o retroceso de la política antidrogas del país y alimenta discusiones tanto nacionales como internacionales. Actualmente, la UNODC señala que las mesas técnicas conformadas por el Gobierno colombiano y la propia Oficina siguen en el proceso de redacción y revisión del informe. La fecha de publicación aún no ha sido fijada, mientras continúan los ajustes metodológicos típicos de este tipo de documentos estadísticos, lo cual descarta un retraso formal, tal como se ha visto en anteriores ocasiones según información de El Espectador.
La ausencia de un calendario oficial específico en la elaboración del informe de UNODC no representa una anomalía; en años anteriores su publicación también ha ocurrido en distintos momentos del año. Pese a ello, había expectativa de que el documento estuviera disponible antes del cierre de 2025, plazo que aún se mantiene abierto. Por el momento, no existe evidencia pública, según reporta El Espectador, de una directiva gubernamental que ordene frenar o aplazar la difusión del informe, que continúa sujeto a rigurosa revisión técnica y metodológica.
En medio de este proceso, el Ministerio de Justicia no ha respondido a solicitudes de Colombia+20 para exponer su postura sobre la inminente entrega del informe, lo que mantiene incertidumbre sobre la posición oficial frente a los datos y conclusiones que contendría el reporte. Esta falta de respuesta contribuye a aumentar el clima de expectativas y especulaciones en diferentes sectores políticos y de la sociedad civil.
El contexto de este informe se ve especialmente tensionado por el debate surgido entre el Gobierno de Gustavo Petro y las cifras emitidas históricamente por la ONU. En un hecho sin precedentes recientes, a finales de octubre de 2025, el presidente Petro adelantó públicamente estimaciones previas al informe, sugiriendo que los cultivos de coca habrían crecido un 3 %, llegando a cerca de 262.000 hectáreas.
Petro insistió en matizar la lectura de estas cifras, diferenciando entre territorios efectivos de cultivo, zonas abandonadas y partes sometidas a procesos de sustitución. De igual modo, cuestionó abiertamente la metodología empleada por Naciones Unidas en los últimos 20 años, subrayando la necesidad de que los datos reflejen con exactitud tanto la productividad como la naturaleza de los territorios en los mapas oficiales.
Esta posición generó respuestas inmediatas, entre ellas la del investigador Daniel Mejía Londoño, especialista en seguridad y política antidrogas, quien aclaró que la ONU no incluye tierras abandonadas en sus cálculos de hectáreas cultivadas, desmintiendo así que dentro de las 262 mil hectáreas reveladas por Petro estén registradas las 80 mil supuestamente en desuso. La polémica se ha exacerbado con la reciente publicación de El País de España, que informó sobre una posible producción de cocaína cercana a las 3.000 toneladas, lo que significaría un aumento del 12,6 % respecto al año anterior.
Estas cifras adquieren aún mayor importancia en el plano internacional tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, un hecho que amplifica la relevancia de los nuevos datos de la ONU y que pone bajo la lupa el modelo de medición y la política de drogas vigente, en un escenario de confrontación abierta entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump.
¿Qué impacto podría tener una variación significativa en las cifras oficiales de cultivos de coca en la política antidrogas de Colombia y sus relaciones internacionales?
La pregunta sobre las consecuencias de un cambio relevante en las cifras de cultivos ilustra la centralidad que estos datos tienen en la formulación y evaluación de la política antidrogas en Colombia. Una variación, especialmente si implica un aumento notable de la producción o el área cultivada, puede desencadenar respuestas inmediatas del Gobierno, ajustes en la cooperación internacional e incluso incidir en las relaciones diplomáticas con países clave como Estados Unidos. Asimismo, los cambios metodológicos o diferencias en la lectura de los datos suelen estar en el centro de la controversia, ya que afectan la percepción sobre la eficacia de las estrategias implementadas y condicionan las exigencias de organismos multilaterales y aliados estratégicos.
En la coyuntura actual, tras la descertificación y en medio de una relación tensa con la ONU y otros actores internacionales, cualquier modificación en las cifras presentadas supone no solo un reto técnico, sino también político, poniendo a prueba la credibilidad y solidez de las políticas nacionales frente a la comunidad internacional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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