El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Defensoría del Pueblo consolidó un extenso informe de 25 páginas que expone la situación de derechos humanos en Colombia y plantea recomendaciones fundamentales para el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. El documento, titulado “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, enfatiza en las profundas desigualdades, riesgos y violencias que aquejan a diversas regiones y poblaciones, información clave para orientar las políticas públicas de la próxima administración, según la propia Defensoría.
Este informe es una actualización de un primer balance presentado durante el proceso electoral. Ahora, basado en los nuevos escenarios administrativo y legislativo, la Defensoría busca reforzar la toma de decisiones con sustento estadístico y recomendaciones estructurales. El texto divide el análisis en cinco ejes. El primero señala la persistencia de una desigualdad estructural y exclusión histórica, evidenciada en que, aunque las condiciones de vida han mejorado, el acceso a beneficios no es homogéneo. Un ejemplo es la seguridad alimentaria: entre 2022 y 2025 disminuyó la inseguridad en cabeceras municipales, pero los niveles rurales siguen altos. Además, persisten brechas en salud, donde en 2025 se registraron más de dos millones de reclamos y más de 300.000 tutelas. En educación, la cobertura neta pasó de 92,35 % en 2019 a 88,21 % en 2024, y la deserción, aunque reducida, sigue siendo preocupante.
El documento alerta sobre las violencias basadas en género: en 2025 hubo 37.755 delitos sexuales contra mujeres, el 78,9 % en menores de edad, además de discriminación hacia poblaciones LGBTIQ+. La crisis carcelaria es grave, con sobrepoblaciones de 25 % y 101 % en cárceles y centros transitorios. En salud mental, resalta el registro de 1.080 suicidios de personas entre 5 y 28 años, principalmente adolescentes y jóvenes.
La violencia armada y los riesgos democráticos ocupan el segundo eje. Continúan vigentes 120 Alertas Tempranas en 396 municipios, y entre 2019 y 2026 se documentaron 651 masacres. El desplazamiento forzado masivo ha afectado a casi 400.000 personas desde 2017. Además, entre 2022 y 2026 se registró el asesinato de 521 firmantes de paz, y se reportó reclutamiento forzado de menores, con la advertencia de subregistro.
En el tema ambiental, la deforestación creció 5,2 % de 2024 a 2025, alcanzando 119.483 hectáreas, concentradas principalmente en la Amazonía. La minería ilegal representa una amenaza para comunidades y defensores de derechos humanos, según la Defensoría. En cuanto a reforma rural, persiste una alta concentración de la tierra con un índice de Gini de 0,89. El 1 % de los propietarios concentra el 45 % de la tierra, y la restitución avanza lentamente con solo 60.604 hectáreas entregadas de más de 455 mil ordenadas.
Finalmente, la Defensoría hace una fuerte advertencia sobre el pluralismo y la libertad de expresión debido a los riesgos y ataques contra líderes sociales y periodistas. Desde 2016 han sido asesinadas 1.743 personas defensoras y, entre 2020 y 2026, se registraron 12 homicidios de periodistas y más de 700 agresiones, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son las principales desigualdades en derechos humanos que expone la Defensoría del Pueblo?
La Defensoría del Pueblo señala que las desigualdades persisten especialmente en seguridad alimentaria, salud, educación y acceso a la tierra. Aunque algunas cifras muestran mejoría, las condiciones de vida no se distribuyen de manera equitativa entre poblaciones urbanas y rurales, mujeres, personas LGBTIQ+ y comunidades étnicas, quienes enfrentan exclusión y violencia agravada.
¿Cómo afecta la violencia armada y el desplazamiento forzado a los derechos humanos en Colombia?
De acuerdo con la Defensoría, la permanencia del conflicto armado se refleja en cientos de masacres, asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, y el desplazamiento forzado masivo, que ha impactado a cerca de 400.000 personas desde 2017. Esta situación agrava el acceso a derechos básicos y la seguridad en muchas regiones, dificultando la consolidación de la paz y la garantía de derechos fundamentales.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO
.svg)
