La alerta la hizo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y detalló que son 2.179 los afectados, entre ellos 1.267 niños, adolescentes y jóvenes:

“El confinamiento se refleja en la afectación por restricciones a la movilidad y la suspensión de las actividades de sustento de estas comunidades, como son la pesca y la caza, y ante el temor de los hechos de violencia armada”.

Según ese organismo, los grupos armados han amenazado y asesinado a pobladores de la zona, también han sembrado minas antipersonales como parte de “las disputas por el control del territorio entre los diferentes grupos armados que hacen presencia en la zona”.

Igualmente, las comunidades son estigmatizadas por los grupos armados, que combaten contra el Ejército en la zona y reclutan menores.

“Muestra de ello fue el accidente de una menor embera de 16 años reclutada, quien en mayo fue obligada a instalar una mina antipersonal y perdió sus manos y la visión de un ojo debido a la activación de la mina“, agregó la información.

Según un censo realizado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), hasta la fecha hay 492 familias confinadas, cifra que aumentó en relación con el reporte de la Defensoría del Pueblo en agosto de 2019, cuando informó que al menos 1.852 personas que hacen parte de dos resguardos indígenas de la zona.

“En septiembre se reportaron otras afectaciones en el equipamiento exterior de la escuela que brinda servicio a los niños de la comunidad por causa de un combate en los espacios comunitarios del resguardo de Islas, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad que quedó atrapada en medio del fuego cruzado”, agregó la OCHA.

Igualmente, una misión humanitaria que iba a llegar en una avioneta para ayudar a comunidades del municipio tuvo que “cambiar la acción de respuesta debido a que la Alcaldía de Murindó alertó sobre la amenaza de un grupo armado organizado en derribar vehículos aéreos que circularan por las veredas“.