La actriz y exreina Yeimy Paola Vargas enfrenta un proceso penal luego de que la Fiscalía detectara presuntas irregularidades en documentos académicos que presentó para firmar un contrato en Cartagena. El caso ha llamado la atención por tratarse de una figura pública y por el tipo de inconsistencias encontradas.
En el avance del caso, la Fiscalía anunció la imputación de cargos por presunta falsedad en documento público y citó a Vargas a una audiencia el 30 de abril. En el mismo proceso también deberá comparecer Carmen Lucy Espinosa, exfuncionaria vinculada a los hechos que están bajo revisión.
Qué encontró la Fiscalía en los documentos de Yeimy Vargas
La investigación se centra en un contrato firmado el 21 de marzo de 2025 con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. El acuerdo, por 55 millones de pesos y con duración de nueve meses, exigía acreditar estudios en actuación y teatro como requisito clave para su ejecución.
Durante las verificaciones, encontraron varios puntos que encendieron las alertas. Uno de ellos fue una diferencia en el nombre de la beneficiaria en el documento presentado. Además, una consulta a una entidad en Bucaramanga indicó que Vargas no aparece en registros académicos.
Otro detalle que aumentó las dudas fue el formato del diploma, que no coincide con los modelos oficiales. Estos hallazgos llevaron a las autoridades a considerar que el documento podría no ser auténtico o habría sido alterado.
El contrato inicial fue suspendido tras conocerse la situación, luego de seis meses de ejecución. Sin embargo, la polémica no impidió que Vargas fuera contratada nuevamente en 2026 por la Alcaldía de Cartagena, esta vez bajo un perfil distinto.
En ese nuevo contrato, por 18 millones de pesos, la exreina se presentó como bachiller y no incluyó el título cuestionado. Las autoridades locales defendieron la decisión argumentando que no existe una inhabilidad vigente y que se respeta la presunción de inocencia.
Finalmente, la Fiscalía también puso la lupa sobre funcionarios del instituto que validaron los documentos, con el fin de establecer si hubo fallas en los controles. El caso sigue en desarrollo y ahora será la justicia la que defina responsabilidades.
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