Las reuniones de varias iglesias con organizaciones etnicoterritoriales y sociales, la comunidad internacional e instituciones evidenciaron una grave crisis humanitaria que se vive en esa región y al comunicar los resultados, los participaron señalaron que el Gobierno está siendo muy permisivo con la violencia en los territorios.

Entre los hallazgos indicaron que la situación es consecuencia de “la reconfiguración del conflicto armado, el abandono estatal y el lento avance del Acuerdo de Paz”.

Con desalentadoras frases, monseñor Juan Carlos Barreto, de la Diócesis de Quibdó, señaló que el Ejecutivo no tiene empatía social y no escucha el clamor de las comunidades ni las violaciones a los derechos humanos:

“Aquí tendríamos que decir que se volvió al punto cero del conflicto. Realmente el hecho de que las Farc hayan dejado las armas no ha garantizado en estos territorios que haya llegado la paz. Lo que llegaron fueron nuevos actores con las mismas prácticas”.

Y luego fue más allá y acusó al Gobierno por su directa responsabilidad en la situación de Chocó y Antioquia:

“El Estado colombiano no garantiza los derechos básicos en materia de salud, educación, vivienda digna, productividad y mercadeo, recreación y deporte, seguridad alimentaria y servicios públicos. En esta perspectiva se puede afirmar que el Estado es el principal victimario en estos territorios”.

En otros aspectos de gravedad, destacaron que hay una especie de convivencia entre los grupos armados y la Fuerza Pública para un control territorial de varios municipios.

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Ante las evidencias, hicieron solicitudes urgentes a organizaciones ilegales para que respeten “a las autoridades étnicas y su ejercicio de gobierno propio” y al Gobierno para que retome las conversaciones de paz con todos los grupos armados ilegales; garantizar el derecho a la libre movilidad y a la seguridad integral a lideresas, líderes, comunidades y organizaciones en los territorios.

“Exigimos que se logre la reactivación urgente de la mesa de diálogos con el Eln, con criterios de verdad y coherencia, estableciendo un cese bilateral al fuego y asumiendo la propuesta del acuerdo humanitario ya para el Chocó”, expresó monseñor Atahualpa Hernández, de la Iglesia luterana.

Peticiones de la Iglesia al Gobierno:

  • Garantizar el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas y confinadas, mediante la entrega de atención humanitaria adecuada y con enfoque diferencial.
  • Stender de forma integral la grave crisis humanitaria, social, económica y ambiental que vive el Chocó.
  • Convocar a la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó.
  • Que cumpla de manera decidida con el Acuerdo de Paz del año 2016.
  • Mantener la opción de la solución negociada al conflicto armado.
  • Diseñar e implementar políticas públicas tendientes a superar la ilegalidad, representada en economías y actores ilegales y en la corrupción de amplios sectores de las autoridades estatales.

Entre tanto, las comisiones extendieron exigencias a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que hagan seguimiento a los informes de riesgo, alertas tempranas y emergencias manifiestas emitidas en estos territorios.

Por último, a la comunidad internacional, organismos internacionales, y en general a las organizaciones defensoras de derechos humanos, les pidieron continuar apoyando la visibilización de la crisis humanitaria e incidir en el Gobierno Nacional para lograr la garantía efectiva de los derechos humanos, étnicos y territoriales.

Esta es la presentación del informe:

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