Elaborada por Reino Unido y México, la resolución hizo especial hincapié en la preocupación mostrada por el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, en su último informe sobre el deterioro de la seguridad que afecta de manera “desproporcionada” a los indígenas y afrocolombianos en algunas regiones del país sudamericano.
Ese informe, elaborado por la Misión de Verificación en Colombia, que fue analizado por el Consejo de Seguridad el pasado 14 de octubre, alertaba del “desafío considerable” que genera el deterioro de la seguridad.
En plena recta final del gobierno del presidente Iván Duque, la ONU instó al gobierno y las instituciones estatales a que hagan “mejor uso de los mecanismos” contenidos en el acuerdo para frenar la violencia que afecta a estos pueblos y a los excombatientes que depusieron las armas.
Cerca de 300 exguerrilleros fueron asesinados por ilegales y organizaciones criminales, recordó Ruiz Massieu.
Kenia, Túnez, Níger y San Vicente maniobraron para que la misión incluyera “el capítulo étnico”.
“Queremos un capítulo étnico. Queremos que se implemente de una forma más ambiciosa, ya que las poblaciones indígenas y afrocolombianas necesitan ser incluidas en el proceso”, dijo el miércoles el embajador de Kenia, Martin Kimani, actual presidente en ejercicio del Consejo de Seguridad.
Esta es la segunda prolongación que se hace este año. En mayo se había ampliado por seis meses, que expiran el 31 de octubre, para evitar que el fin de la misión cayera en plenas elecciones presidenciales que el país celebra en mayo del próximo año.
El Consejo de Seguridad incluyó entonces el monitoreo del cumplimiento de las sentencias de la Justicia Especial de Paz (JEP), que empezarán a caer a principios de 2022.
La ONU manifestó en febrero su preocupación por los ataques de las fuerzas oficialistas contra este tribunal especial, creado en el acuerdo de 2016, para juzgar los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado en Colombia.
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