El informe, presentado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegura que el deterioro en la seguridad, que afecta de manera “desproporcionada” a los indígenas y afrocolombianos en algunas regiones de Colombia, es un “desafío considerable” para los Acuerdos de Paz.
El documento se ha convertido en un llamado de atención sobre los desafíos que complican la implementación de los Acuerdos de Paz firmados hace casi cinco años con la guerrilla de las Farc.
En plena recta final del gobierno del presidente Iván Duque, el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu, alertó que, a la luz “de las enormes amenazas” que enfrentan las regiones sometidas a una violencia “desproporcionada”, el Gobierno y las instituciones estatales deben hacer “mejor uso de los mecanismos” contenidos en el propio acuerdo.
Entre ellos, la protección de los combatientes que depusieron las armas. Al menos 296 de ellos han sido asesinados por grupos ilegales y organizaciones criminales, recordó Massieu. La última víctima ha sido María Steffanía Muñoz, este jueves, en el departamento del Cauca. La excombatiente de las Farc fue asesinada junto a una sobrina.
Por su parte, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió información del asesinato de 43 defensores de derechos humanos.
Aunque el Acuerdo de Paz redujo sensiblemente la violencia, disidencias de las Farc; el Eln, última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas de narcotráfico de origen paramilitar alimentan una nueva ola de criminalidad por sus disputas por las rentas del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.
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Además de pedir que se garantice un proceso electoral limpio y seguro para los comicios legislativos de mayo próximo, el enviado de la ONU pidió que tanto el Gobierno como el Congreso consagren los recursos financieros para implementar el acuerdo.
Entre 2017 y 2020 solo se ha gastado el 65 % del presupuesto consagrado al cumplimiento de los acuerdos, según la ONU. Al ritmo actual, “la implementación llevará 26 años y no los 15 originalmente planeados”, advierte el secretario general en su informe.
Acceso a la tierra
La ONU insta al Gobierno de Duque a que no escatime esfuerzos para acelerar el acceso de antiguos guerrilleros a la tierra y la vivienda y que tanto estos como mujeres, indígenas y afrodescendientes puedan participar en el proceso de toma de decisiones para garantizar igual acceso a las oportunidades de trabajo y medidas de protección.
“Existe un amplio consenso del papel fundamental que tiene la tierra para anclar el proceso de reintegración“, dijo Ruiz Massieu.
Pese a los desafíos, el proceso de paz demuestra, recordó, “los beneficios de terminar un conflicto con un acuerdo negociado y de poner los derechos de las víctimas en centro del proceso“.
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La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recordó que el Gobierno ha desembolsado 118 millones de dólares que han beneficiado a 13.216 excombatientes de la guerrilla que entregaron las armas. Dos millones, dijo, se han dedicado a la compra de tierras.
La activista afrocolombiana Viviana Peñaranda, coordinadora de la red Mariposas de Alas Nuevas, en el distrito de Buenaventura, dijo en el Consejo que la paz en su país pasa por que las comunidades tengan “tierra, vivienda, paz, acceso a agua potable, educación y salud y puedan cuidar de sus animales respetando la tierra”.
“No es mucho pedir”, dijo. “Por favor, sigan apoyándonos para que la inclusión, la equidad y la paz sean una realidad” para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, imploró.
“La paz debe ser antirracista o no habrá paz”
“La paz en Colombia debe ser antirracista o no habrá paz“, recordó.
Daniela Soto, otra de las invitadas a intervenir ante el foro multilateral de 15 países, pidió al Gobierno colombiano que “garantice los derechos fundamentales a la vida” de las poblaciones indígenas y en particular las mujeres, tras recordar que ella misma ha estado a punto de perder la vida.
La ONU considera que la justicia transicional establecida en los acuerdos “sigue demostrando su papel fundamental”, en particular la labor de la Comisión de la Verdad.
“Sus esfuerzos por tener en cuenta las voces de las víctimas y de todas las personas involucradas en el conflicto son un recordatorio de que contribuir genuinamente a la verdad” es un “imperativo moral en una sociedad que se esfuerza por superar décadas de conflicto”, concluye la organización.
En seis décadas, el conflicto en Colombia deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
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