Así lo explicó este viernes en un comunicado en el que informa que la organización entregó un escrito para que se pronuncia ante la petición en la que una demandante solicita que la Corte abandone la actual jurisprudencia y prohíba el aborto en todos los supuestos.
El texto de HRW insta a los jueces a tomar en consideración el derecho internacional de los derechos humanos, así como las interpretaciones autorizadas sobre cómo este se aplica en materia de aborto.
En 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto ante los supuestos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, en embarazos resultados de violación o incesto, sin límite de meses de gestación, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina; normas que fueron ratificadas en 2018.
“La criminalización del aborto ha tenido consecuencias devastadoras para la vida y los derechos de las mujeres en toda América Latina“, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
A lo que añadió que “dar marcha atrás a las garantías que estableció la Corte Constitucional hace más de una década en materia de aborto constituiría una amenaza a los derechos de las mujeres e incluso a la vida de muchas de ellas”.
En el comunicado, HRW asevera que la intención de la demanda presentada ante la Corte Constitucional tiene como objetivo criminalizar el aborto, algo que considera “incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Colombia”.
De hecho, “la legislación y la jurisprudencia colombianas deberían cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos de despenalizar el aborto y garantizar un acceso seguro y legal a esta práctica, como mínimo, cuando se encuentre en riesgo la vida o la salud de la mujer embarazada, haya malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina o el embarazo sea el resultado de violencia sexual”, agrega el texto.
“La corte debería garantizar de que su sentencia sobre aborto refleje la difícil realidad de las mujeres, las niñas y las adolescentes en Colombia, quienes ya enfrentan enormes dificultades acceder a muchos servicios de salud”, señaló Vivanco.
El organismo también destacó que “numerosas interpretaciones autorizadas de las normas internacionales de derechos humanos establecen que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación y atenta contra una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la salud, a la integridad física, la igualdad, la privacidad, la información y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos”.
Los órganos de los tratados de derechos humanos de la ONU instan periódicamente a los gobiernos a despenalizar el aborto en todos los casos, a legalizarlo como mínimo en determinadas circunstancias y, en esos casos, a garantizar el acceso al aborto seguro.
Por eso, puntualizó en que garantizar el acceso al aborto seguro es un deber de los estados conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
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