Esto con base en una carta, divulgada por Blu Radio, en la que la mujer comienza cuestionando la presunta falta de rigurosidad del alto tribunal a la hora de autorizar ese procedimiento en casos específicos.
Bernal sostiene que “la Corte Constitucional, en ninguna de sus sentencias de tutela ni de constitucionalidad, ha analizado experticios de salud mental y física basados en investigaciones médicas internacionales”, e incluso agrega que “tampoco contienen análisis estadísticos oficiales de riesgos y complicaciones de las madres gestantes y de sus hijos por nacer en hospitales y demás centros de salud”.
Aunque la mujer asegura que en su demanda incluyó “más de 15 estudios científicos”, además de otras pruebas como “experticios de 25 profesionales de la medicina y psicología que han aportado diversos artículos y estadisticas en los procesos”, en su carta difícilmente se encuentran elementos suficientes para soportar su tesis, pues no alcanzan a demostrar una relación de causa y efecto.
Por ejemplo, Bernal asegura que “la despenalización parcial del aborto en Colombia ha incidido en el aumento de agresiones sexuales a niñas menores de edad y en el aumento de abortos obligados para ellas, como el aborto forzado en persona protegida y abortos sin consentimiento”.
Según ella, “la despenalización del aborto por violación facilita a los padrastros o miembros de la familia violadores cometer delitos sexuales contra las víctimas pues estos violadores son más irresponsables e inconscientes de sus actos porque el Estado les ayuda a deshacerse de los hijos, de las pruebas de ADN y les ayuda a que sus agresiones queden impunes”.
“Las facilidades para abortar en los servicios de salud, provocan que los violadores sigan violando a su víctima menor de edad perteneciente al mismo núcleo familiar o social”, sostiene Natalia Bernal
Este argumento resulta difícil de comprobar, ya que los escasos datos en los que sienta esta aseveración no resultan claros de leer en función de lo que busca demostrar. En la carta se limita a hablar de cantidad de investigaciones y violaciones reportadas por las autoridades en tres lapsos distintos y no consecutivos.
Algo parecido sucede cuando habla de un “aumento progresivo de partos de bebés prematuros y aumento progresivo de parálisis cerebral en niños de 0 a 1 año desde que se despenalizó el aborto”. En este caso, la carta no explica cuántos casos tuvieron que ver directamente con abortos.
También esgrime “evidencias de embolias, hemorragias, perforaciones uterinas, infecciones genitales y pelvianas desde el período 2009 hasta finales de 2017” y asegura que en 2018 hubo 18.227 abortos fallidos que terminaron en el nacimiento de bebés prematuros y con diferentes discapacidades. Según ella, esto también le estaría generando traumas a las mujeres que aceptan someterse a estos procedimientos –lo cual no está en discusión–, pero la demandante dice que la razón de esto “no radica en la clandestinidad, ni por malos tratos en servicios de salud, ni por razones religiosas”.
Su conclusión es que “la causal de aborto por violación trajo consigo más agresiones sexuales, la causal de aborto por discapacidad trajo consigo niños discapacitados y la causal de salud o riesgo de muerte produjo aumento del número de muertes de madres gestantes, daños físicos y psicológicos de las mujeres”.
Pese a que estos argumentos son los que están incluidos en una carta, y tendrían un desarrollo más amplio en la denuncia completa, pareciera que los datos aportados y las inferencias de la demandante resultaron poco convincentes para el togado al que se le asignó el caso, quien optó, en cambio, por redactar una ponencia orientada a la despenalización total del aborto.
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