Lo hizo a través de una carta, publicada en Twitter, que está dirigida a Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Enrique Bolaños (Nicaragua), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Mireya Moscoso (Panamá), Gustavo Noboa Bejarano (Ecuador), Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
En ella, Vivanco (director de Human Rights Watch para las Américas) señala 4 “errores” que los expresidentes cometieron al publicar un comunicado en apoyo a Álvaro Uribe, y que “incentivan una campaña contra la independencia del poder judicial en Colombia“.
El primero es que los exmandatarios dijeron que la detención de Uribe se dio por una “controversia política con otro senador”, lo cual, dice Vivanco, es inexacto, pues la medida de aseguramiento se tomó por una investigación de los delitos de “soborno a testigo” y “fraude procesal”.
En segundo lugar, el director critica que los expresidentes dijeran que miembros del partido Farc “celebraron” la detención de Uribe, y asegura que “los méritos de una resolución judicial no se determinan en base a quiénes la apoyan o la critican”.
“El comunicado que S.E. suscribe se centra de manera vaga e infundada en una supuesta ideologización de la justicia, al parecer, sin siquiera haber revisado el análisis jurídico que la corte hizo del caso”, agregó.
Vivanco además señala que la comparación de los casos de ‘Jesús Santrich’ y de Uribe no tiene “mayores fundamentos”, pues el primero fue investigado por una entidad sin competencia jurídica, mientras que el segundo “está siendo investigado por la entidad competente”.
Finalmente, se refiere a la declaración del presidente Iván Duque, en la que expresó que “una persona que tuvo el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad”, y dijo que, de acuerdo con la ley colombiana, cualquier persona, incluso un expresidente, puede ser detenido de manera preventiva.
“El comunicado que S.E. suscribe no ayuda a fortalecer el estado de derecho. Por el contrario, fomenta los actuales ataques del expresidente Uribe y su partido político a la independencia judicial en el país. […] Se trata de un intento descarado por intimidar a la Corte Suprema mediante una maniobra que desafortunadamente ha sido empleada en el pasado por algunos gobiernos de la región”, concluye Vivanco.
El director de Human Rights Watch para las Américas aseguró que les hará llegar la carta a los expresidentes que firmaron el comunicado criticando la detención de Uribe este mismo viernes.
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