En un nuevo informe, Human Rights Watch (HRW) aseguró que el Gobierno Nacional reaccionó de forma “lenta y deficiente” ante los más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos que han tenido lugar desde la firma de la paz.
Los asesinatos de líderes sociales aumentaron desde la desmovilización de las Farc en 2017, por el hueco que llenaron otros grupos armados y disidencias que se disputan los territorios.
En ese panorama, HMR muestra en su informe que hay “líderes desprotegidos y comunidades indefensas” y dice que las autoridades no fueron capaces de ejercer un control efectivo y asegurar su presencia de una forma no militar para evitar la violencia.
“El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”, denunció la ONG.
Así, y según cifras de la ONU, los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. Además, en 2020 se registraron otros 53 casos y están verificando 70 más.
Según datos de la Defensoría del Pueblo esas cifras son mayores; pues entre 2016 y 2020 fueron registrados en Colombia al menos 710 asesinatos de defensores de derechos humanos.
HRW denuncia falta de protección a líderes sociales en Colombia
Mediante más de un centenar de entrevistas a autoridades, integrantes de la fuerza judicial, activistas, organizaciones sociales y miembros de la fuerza pública, la organización constató la falta de eficacia del Gobierno para responder a las amenazas a defensores de derechos humanos.
“Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre“, agregó.
Uno de los cuerpos dedicados a esta tarea, la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio del Interior, se esfuerza por ofrecer protección individual a quien denuncia ante la Fiscalía, pero “su presupuesto es muy limitado y la Unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido”, asevera HRW.
Otro de los mecanismos de alerta con los que cuenta el Gobierno, que es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, no ha servido para que, como bien indica el nombre, se responda tempranamente en el terreno a las amenazas.
HRW reconoce, por otro lado, los esfuerzos por llevar a los culpables ante la Justicia, con 59 condenas por asesinatos de defensores de derechos humanos, aunque alega que “hacen falta esfuerzos mucho más serios para enjuiciar a quienes hayan ordenado estos crímenes, así como para desmantelar a los grupos armados responsables de estos asesinatos”.
Para ello, indica la falta de un “cuerpo especial” de jueces para este tipo de crímenes, una medida anunciada por el presidente Iván Duque en mayo de 2019.
“A fin de cumplir sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno de Duque debe realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar políticas efectivas orientadas a prevenir los asesinatos de defensores de derechos humanos y proteger sus derechos”, indicó la ONG.
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